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Según fuentes ligadas a la investigación, las cámaras de seguridad del sector habrían captado al presunto autor, quien se habría desplazado disfrazado de repartidor de delivery.
La acción fue reivindicada por la organización autodenominada "Células Revolucionarias Belén Navarrete - Nueva Subversión", a través de un comunicado difundido por canales digitales.
En el texto, califican el hecho no como una protesta, sino como una "acción vengativa" contra lo que acusan como prácticas empresariales impunes.
El grupo justifica su ataque señalando que, hace algunos años, laboratorios Abbott - Recalcine distribuyeron pastillas anticonceptivas defectuosas, provocando, según denuncias públicas, cientos de embarazos no deseados.
Frente a esto, las empresas habrían ofrecido indemnizaciones de apenas $38.900 por persona afectada, cifra que los autores del atentado calificaron como "una burla".
También acusan que esta práctica habría sido replicada por otros laboratorios como Andrómaco y Silesia, criticando además al Estado por guardar silencio.
En un tono abiertamente confrontacional, dirigen duros epítetos hacia el Gobierno del presidente Gabriel Boric y el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, a quienes acusan de proteger los intereses empresariales.
El comunicado está cargado de lenguaje político radical y plantea la acción como parte de una ofensiva insurreccional. Rechazan los discursos pacifistas y declaran estar organizados informalmente bajo la lógica de la "guerrilla urbana anarquista".
Agregan que sus bombas "han sido confeccionadas y transportadas incluso en medio de la tormenta", en alusión a la dificultad logística del atentado.
Con ello, buscan "destapar la máscara de la sociedad" y reivindicar la acción directa como respuesta a lo que consideran un sistema opresor.
El grupo también dedicó el ataque a la memoria de Mauricio Morales, joven anarquista que murió el 22 de mayo de 2009 tras la detonación accidental de una bomba que transportaba en una mochila.
Su intención era instalar el artefacto en la Escuela de Gendarmería de Santiago.
Morales es considerado mártir por algunos sectores del anarquismo radical, y su muerte es conmemorada durante lo que denominan el "Mayo Negro".
Desde el Ejecutivo, el ministro de Seguridad Pública Luis Cordero condenó el atentado y afirmó que se está evaluando presentar una querella invocando la Ley Antiterrorista, lo que permitiría otorgar mayores facultades de investigación.
La Fiscalía Metropolitana Sur, especializada en crímenes de este tipo, quedó a cargo del caso.
La explosión también tuvo consecuencias inmediatas: al menos dos colegios cercanos, entre ellos el Instituto Luis Campino, suspendieron sus clases durante la jornada por razones de seguridad.
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