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La Tribuna

Caso Franco Vargas: Fiscalía confirma exhumación para el próximo jueves 25 de julio

por Stephanie Ramírez M.

La instancia será la primera acción tras el fallo de la Corte Suprema que trasladó el caso a la justicia civil.

114 conscriptos abandonan el ejército tras muerte de joven en Putre. / Agencia Uno

La Fiscalía Regional de Arica confirmó que la exhumación del cuerpo del conscripto Franco Vargas se llevará a cabo el próximo jueves 25 de julio, con el propósito de realizar una segunda autopsia conforme al Protocolo de Minnesota, utilizado en casos de presunta participación estatal en la muerte de una persona.

El fiscal regional Mario Carrera, a cargo del caso Putre, informó que la exhumación está programada para la mañana del jueves o el mismo viernes 26 dependiendo de la disponibilidad de los peritos. "Lo haremos la próxima semana, está agendado para el día jueves durante la mañana", señaló Carrera.

"Buscamos dos cosas: por una parte, complementar la autopsia que ya se realizó el 27 de abril pasado, por algunas dudas que mantenían los peritos al momento de analizar dicho documento y, en segundo lugar, para analizar desde la perspectiva del Protocolo de Minnesota", explicó Carrera.

Cabe recordar que el Juzgado de Garantía de Arica autorizó la exhumación el 11 de julio, tras la solicitud de la fiscalía regional. Diligencias que la madre de Franco Vargas autorizó, ya que debe llevarse a cabo bajo el Protocolo de Minnesota. De esta manera, la instancia será la primera acción tras el fallo de la Corte Suprema que trasladó el caso a la justicia civil.

El objetivo de la fiscalía es esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del conscripto, fallecido el 27 de abril durante una marcha de instrucción en Putre. Se busca determinar si hubo apremios ilegítimos que pudieran haber influido en su deceso.

Según los antecedentes de la fiscalía, Franco Vargas ingresó de urgencia el 27 de abril al Cesfam Rural de Putre sin signos vitales, constatándose su muerte a las 7:12 horas. La autopsia inicial realizada por el Servicio Médico Legal no siguió el Protocolo de Minnesota, lo cual es requerido en este caso según el Ministerio Público, la familia y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

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