En febrero del año 2008 se promulgó la Ley N.º 20.248, que dio inicio a la Ley de Subvención Preferencial (SEP), con el propósito de incorporar nuevos recursos a nuestro agotado sistema educativo de voucher  por alumno, absolutamente insuficiente para financiar los gastos operacionales y la necesaria inversión en mantención y reposición de infraestructura educacional. Desde el ámbito político se hablaba de "emparejar la cancha"  y de ayudar a mejorar los bajísimos resultados de los estudiantes más vulnerables de la educación pública.  

Estos propósitos, en parte, se han cumplido; pues, sin la SEP, el sector público jamás habría podido avanzar en equipamiento y mucho menos disponer de los materiales básicos para la enseñanza. Es observable que el 50% de esta subvención es destinado por las escuelas y liceos a la contratación de personal, restando la posibilidad de invertir en otros ítems, considerando que este componente debe ser de responsabilidad del Estado. Sin embargo, se autorizó la contratación, pasando a dejar, de inmediato, comprometidos de manera permanente estos costos, ya que dichas contrataciones deben responder a la legislación laboral.

La burocracia normativa de la SEP, hace muy difícil contratar capacitación, o adquirir equipamiento necesario para mejorar la permanencia de los estudiantes y profesores en la escuela. Hay situaciones incomprensibles como por ejemplo comprar una fotocopiadora, pero luego, se prohíbe destinar recursos para su mantención. En el tema de la capacitación docente no se permite considerar la alimentación, demostrando con esto una enorme indiferencia y escasa valoración por la función del profesor y también de los estudiantes, toda vez que se generan actividades extraescolares no se permiten gastos en colaciones y alimentación.

No cabe duda de que el espíritu del legislador y también de los fiscalizadores (Contraloría y Supereduc) están muy alejados de lo que esperábamos de la SEP o de lo que políticamente se había comprometido.

Para reforzar las inconsistencias normativas tenemos muchos ejemplos, tales como el tema de la calefacción permitida a los estudiantes, pero restringida para la sala de profesores, cuestión que se observa como un castigo al docente, lo que por cierto, nos parece intolerable.

El discurso de las entidades fiscalizadoras tiene poco sentido cuando exige al sostenedor que se haga cargo de estas demandas; pues ellos saben mejor que nadie que el sistema de financiamiento del modelo educacional chileno se encuentra en una etapa crítica frente a la natural baja de matrículas, que amenaza los gastos operacionales y que margina todas las posibilidades de inversión en cualquier otra demanda.

Por otro lado, la Contraloría y también los municipios impulsan modelos de compras masivas que en el caso de los DAEM o SLEP grandes sobrepasan las posibilidades del mercado, dejando licitaciones sin oferentes y, por consiguiente, a los colegios en espera de sus importantes y vitales requerimientos.

Sería muy importante que nuestros representantes políticos en el Parlamento promuevan una revisión de la SEP y que soliciten levantar sus restricciones, con el fin de lograr que todos los recursos de la subvención sean invertidos en las necesidades que afecten el funcionamiento y desarrollo de la escuela , terminando así con la dictadura de la Contraloría, la SUPEREDUC y también de los coordinadores locales.

Mario Morales Burgos

Profesor