Los recientes temporales vuelven a mostrar una realidad que Chile conoce hace décadas, pero que insiste en tratar como una contingencia. Mientras observamos imágenes de viviendas anegadas, quebradas activas y familias evacuadas, casi 100 mil familias que viven en campamentos permanecen expuestas a los efectos de los sistemas frontales. No estamos frente a una tragedia natural. Estamos frente al resultado de decisiones políticas acumuladas durante décadas.

Los campamentos dejaron hace mucho de ser un fenómeno transitorio. Actualmente representan una expresión estructural de la desigualdad territorial y de una política habitacional que, aunque fue exitosa reduciendo el déficit cuantitativo de viviendas, no logró garantizar el derecho a habitar ciudades seguras, integradas y resilientes.

La evidencia es clara: el crecimiento sostenido de los campamentos responde al aumento del precio del suelo, la segregación urbana, la insuficiente oferta de vivienda asequible y la incapacidad del Estado para anticipar los nuevos procesos de exclusión territorial.

Así, hoy la pregunta que debe hacerse el Estado de Chile no es únicamente cuántas viviendas faltan construir. La pregunta es por qué seguimos permitiendo que miles de familias deban elegir entre vivir en un campamento expuesto a inundaciones, remociones en masa o incendios, o simplemente no tener dónde vivir.

¿Qué políticas públicas necesitamos? Una política nacional de suelo que permita al Estado recuperar capacidad para adquirir, gestionar y destinar terrenos bien localizados para vivienda social. Mientras el mercado siga determinando casi exclusivamente dónde pueden vivir las familias de menores ingresos, la expansión de los campamentos continuará siendo una respuesta racional frente a un mercado inaccesible.

Asimismo, la gestión del riesgo de desastres debe incorporarse como un componente permanente de la política habitacional. No basta con reconstruir después de cada emergencia. Es indispensable invertir en prevención, infraestructura de mitigación, urbanización temprana, sistemas comunitarios de alerta y planificación territorial que reduzcan la exposición al riesgo antes de que ocurra la tragedia.

¿En qué ha fallado el Estado? Ha fallado en comprender que el problema habitacional no termina cuando entrega una vivienda. También fracasa cuando permite que miles de familias permanezcan durante años en territorios inseguros, sin servicios básicos, sin planificación urbana y con respuestas institucionales predominantemente reactivas. La prevención sigue siendo la gran deuda de las políticas públicas.

¿Puede empeorar? Lamentablemente sí. El cambio climático incrementará la frecuencia e intensidad de los eventos extremos. Si mantenemos el actual modelo de desarrollo urbano, la expansión de los campamentos y la ocupación de zonas de riesgo seguirán creciendo. Cada nuevo invierno confirmará lo mismo: no es la lluvia la que produce la catástrofe, sino la desigualdad territorial que hemos naturalizado.

La verdadera emergencia no comienza cuando llega el temporal. Comienza mucho antes, cuando aceptamos que miles de familias vivan donde nunca debieron verse obligadas a vivir.

Dra. Rosa Villarroel-Valdés

Directora de Trabajo Social, Universidad Andrés Bello