En los últimos años, gobiernos de distinto signo político han adoptado un patrón comunicacional reconocible: los resultados de los programas sociales se anuncian con llamativa rapidez, mientras que en paralelo esos mismos programas enfrentan recortes, modificaciones o cuestionamientos sobre su continuidad. Los números llegan antes que las preguntas. Esa no es una casualidad comunicacional: es una estrategia de poder que atraviesa administraciones.

El filósofo francés Paul Virilio denominó este fenómeno "dromocracia", el gobierno mediante la velocidad. Quien controla la rapidez con que circula la información, controla el relato, es decir, la versión de los hechos, coherente con sus valores e ideología, que se instala como verdad en la opinión pública.

En la dromocracia no importa la profundidad ni la veracidad de lo que se comunica; importa llegar primero. Las redes sociales y los medios de comunicación han convertido esa carrera en el centro de la gestión política contemporánea, donde el titular desplaza al análisis y el anuncio reemplaza a la evaluación.

El problema es lo que queda fuera de ese relato veloz. El politólogo argentino Oscar Oszlak identificó que el Estado opera en distintos niveles: en el nivel micro es donde las políticas públicas se vuelven cotidianas y tangibles para las personas. Ahí está el subsidio que permite pagar la cuenta de la luz, el establecimiento municipal donde estudian los hijos, el bono que cubre una consulta médica.

Ninguna de esas medidas es rentable en términos económicos, pero sí lo es socialmente: determinan si una persona puede o no participar plenamente de la vida pública y ejercer las libertades que una sociedad democrática promete. Cuando la dromocracia se impone, la evaluación real de ese impacto en la vida cotidiana de las personas de las políticas sociales se subordina a la urgencia del anuncio.

Desde el Trabajo Social, disciplina que tiene en la justicia social y en la promoción de los derechos humanos su razón de ser, esta lógica representa una amenaza concreta. Evaluar una política pública no es medir cuántas veces fue mencionada en una red social o medio de comunicación, sino preguntarse si la vida y el bienestar de las personas cambió.

Esa pregunta requiere tiempo, escucha y presencia en el territorio, todo lo que la velocidad del relato no está dispuesta a esperar. Mientras los gobiernos comunican resultados a la velocidad de una historia, un video de 30 segundos o un mensaje de 200 caracteres en las redes sociales, hay familias en diversas comunas que esperan respuestas y cambios en el bienestar que no se resuelven en la dromocracia.

Felipe Garrido Vera

Jefe de carrera Trabajo Social UST Los Ángeles.