Fin al Comercio Ilegal

Miguel Pezoa >Presidente Cámara de Comercio Servicios y Turismo de Los Ángeles

Desbordado. Es solo una de las palabras que algunos dirigentes gremiales han utilizado para referirse a la situación del comercio ilegal en nuestro país. Según cifras de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC), entre enero y septiembre de este año, las aduanas confiscaron 4.968.245 productos, que sumados alcanzan un total de 24 millones de dólares. Ropa, accesorios para celulares y juguetes encabezan el listado.

Pensando en estas cifras, no es difícil entender porqué 4 de cada 10 locales establecidos tengan a su alrededor comercio ilegal, según los datos que arroja la encuesta de victimización de la CNC y que escale a un impresionante 70 por ciento el aumento de este tipo de actividad informal, de acuerdo con la misma fuente.

Por eso, al conocer la semana pasada de la aprobación por parte del Senado y el despacho a ley del proyecto que aborda este tipo de comercio, no pudimos más que soltar un tremendo suspiro de alivio y satisfacción. Incontables e incesantes gestiones gremiales se han realizado desde que, en junio de 2007, dicho proyecto fuera ingresado a tramitación por parte del ejecutivo y, ver que ahora es una realidad, es la coronación al esfuerzo y a la constancia de los dirigentes que, en forma transversal y a lo largo del país, hemos manifestado el tremendo daño que una actividad como ésta causa a nuestra economía, porque no es de otra manera, aunque muchos consideren  que es un tema social, la verdad es que el comercio ilegal es un negocio y muy lucrativo. De esto, no hay duda.

Por años, ha sido como una pelota que todos quieren esquivar. Los municipios tienen atribuciones para darles un permiso, por lo que Carabineros no pueden fiscalizar. Al fin y al cabo, tienen permiso. Encima, los servicios públicos que pudieran fiscalizarlos tampoco pueden hacerlo, porque no son contribuyentes como tal y, cuando mucho, llegan a una renta presunta. No dan boleta, por lo que los clientes de este tipo de comercio tampoco tienen derecho a ningún tipo de reclamo. Tienen las mejores esquinas de las ciudades para vender sus productos sin pagar arriendo ni leyes sociales y cuando algunos de sus productos son decomisados por la autoridad, los transeúntes los defienden por considerarlos víctimas de algún tipo de abuso.

Catorce años debieron transcurrir para que cambiara la mirada sobre este asunto, lapso en que hubo comerciantes y dirigentes que murieron esperando que hubiera cambios y una luz de justicia para ellos y para los que día a día se despiertan para levantar sus cortinas y conquistar el mundo, pensando -también a diario- cómo estarán las ventas ese día y si alcanzaran o no a llegar holgadamente a fin de mes para cumplir sus compromisos. Y ni siquiera a fin de mes, ya que antes de que este concluya hay que pagar IVA, sueldos, proveedores y otros compromisos financieros.

Durante el periodo 2010-2018 el proyecto no presentó movimiento en Comisión Mixta. En ese contexto, el Observatorio del Comercio Ilícito de la CNC inició las gestiones necesarias para impulsar su tramitación como parte de su estrategia de avanzar en políticas públicas para combatir el comercio ilegal y el contrabando. Así, en septiembre de 2019, la Comisión Mixta terminó su labor y evacuó un Informe. Como resultado, después de dos años sin movimiento, la Cámara de Diputados aprobó recientemente la iniciativa por 131 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, permitiendo con ello su despacho al Senado, el cual ya emitió luz verde para transformarlo en ley. La nueva normativa apuntará a sancionar la falsificación, edición, reproducción o distribución de obras protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual, entre otros. Además, estipula una serie de obligaciones a los municipios y servicios públicos. Falta ver en detalle cómo salió el texto de esta esperada norma, que nos tendrá expectantes hasta su publicación.

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