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Ambiental

Infraestructura hídrica podría disminuir su desarrollo en el país, afirma gerente de Canalistas del Laja

Según la agrupación de regantes, las características y administración del recurso cambiarían basándose en una visión alejada de la realidad rural donde influyen las normas al Código.


 Por Jorge Guzmán B.

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Los primeros derechos de aprovechamiento fueron concedidos, inicialmente, como derechos a perpetuidad a los titulares de estos últimos, debido a los grandes niveles de inversión en los que incurrían para generar la infraestructura.

El gerente de la Asociación de Canalistas del Laja, Héctor Sanhueza afirma que la propuesta constitucional de establecer el agua como un bien inapropiable genera incertidumbre sobre la administración de la misma, lo que desincentivaría inversiones en infraestructura de largo plazo en Chile.  

Al respecto afirmó en entrevista con diario La Tribuna que, la eventual reforma constitucional “es un cambio trascendental respecto de lo que ha sido la historia chilena en materia de aprovechamiento de recursos hídricos, desde que se creó el primer canal y se dieron los primeros derechos de aprovechamiento, estos siempre fueron concedidos como derechos a perpetuidad a los titulares”. Sanhueza explicó que “hoy lo que se pretende es la inapropiabilidad del recurso, es decir, que nadie puede reclamar propiedad sobre ellos y cada vez que se use, se hará por una concesión que el Estado le dé a un titular, condicionando su uso a dos grandes aspectos: La cantidad y la temporalidad”. El gerente de Canalistas del Laja indicó que “eso cambia radicalmente la tradición en Chile sobre el uso de las aguas y lleva a preguntarse las implicancias que ello tiene, porque el ordenamiento anterior ha dado origen a asociaciones como las asociaciones de canalistas, las juntas de vigilancia y las comunidades de agua”.

CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN ACRECIENTAN FALTA DE CERTEZAS  

Dichas organizaciones, según el vocero de la agrupación, “se desarrollan en virtud de una condición jurídica de los derechos, si dos o más personas tienen derecho sobre una misma fuente o mecanismo de captación, se organizan”. El rol de estas asociaciones es “administrar una infraestructura que se construye en común, entre todos aquellos que tienen derechos de aprovechamiento, pero si los derechos pasan a ser temporales, ¿lo van a ser también las organizaciones que los agrupan?”, cuestionó Héctor Sanhueza. “¿Qué tanta movilidad puede tener un recurso hídrico si para poder usarlo hay que construir una bocatoma y kilómetros de canales? Eso no es movible. Lo que se quiere hacer en papel dista de lo que sucede en la práctica”, criticó Sanhueza. La manera en la que se han dado los derechos de agua históricamente en el país y la forma en la que se está planteando en el texto constitucional “tendrá implicancias en los recursos hídricos, hoy además de entregar concesiones, se pretende entregar autonomía en el manejo en las regiones, por lo que no es fácil imaginar cómo quedará todo esto” advirtió el dirigente de la Asociación de Canalistas del Laja.

Frente a las modificaciones que se quieren aplicar, Sanhueza consideró que “interpretar el escenario actual es complejo, porque no solo se refiere a un cambio en las características de los derechos de agua, sino que también lo hará el manejo de los recursos hídricos administrativamente”. Lo anterior debido a que “se está modificando sus características jurídicas y su administración, y lamentablemente la visión predominante en la Convención es una visión más bien urbana, que le cuesta entender cómo opera el mundo rural”. Héctor Sanhueza explicó que “si bien el agua es un bien nacional de uso público, es un recurso productivo, y tiene que ser aplicado donde mayor productividad genere, porque es la sociedad la que se verá beneficiada por una mayor disponibilidad de alimentos, a un precio más competitivo”. El gerente de la Asociación de Canalistas del Laja dijo que “si alteramos esa situación natural, actuamos administrativamente y dejamos al Estado a cargo de la asignación del recurso, esa asignación no será siempre coincidente con la mayor productividad, generando una menor producción en volumen de alimentos”.

CRITICARON HERMETISMO DE LA CONVENCIÓN PARA HACER LEYES

Respecto a propuestas alternativas a lo planteado en la Convención Constituyente, Sanhueza mencionó que “nosotros hemos tenido una participación histórica como organización en una serie de normas y cada vez que se ha discutido una modificación hemos tratado de ser lo más protagonistas posible”. De hecho “recientemente se modificó el Código de Aguas, tuvimos una participación en ese proceso y concluimos que es un buen paso dada la realidad actual, estamos convencidos de que fue un avance en el Código de Aguas”, dijo Héctor Sanhueza. El problema actual, según el vocero de canalistas “se da por lo que están acordando en la Convención Constituyente, donde no hemos podido participar porque se cerraron sin darle espacio, a organizaciones intermedias como la nuestra”. El gerente de Canalistas del Laja indicó que, “cuando abrieron ese espacio generamos iniciativas que llegaron a sumar las 15 mil firmas, pero que fueron desechadas, por lo que como organización y sociedad en general, la Convención nos va a enfrentar a un plebiscito de salida sin una opción institucional para tratar de incidir en las decisiones”.

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