Paridad constituyente

Todavía resuena en el país el duro portazo que dio ayer la Cámara de Diputados a la intención de incorporar una paridad de género y representación de comunidades originarias e independientes. La idea, que se venía cultivando desde días después al acuerdo del 15 de noviembre, no fue bien recibida por el oficialismo pues, aseguraron, no estaba comprendida en ese documento y no fue lo que se aprobó en esa larga noche en Santiago. Argumentan, además, que el valor de un voto no sería igualitario si, por ejemplo debe necesariamente elegirse a una mujer y un hombre si es que no son la primera y segunda mayoría de votación.

Rápidamente,

la Comisión de Constitución tomó la reforma y la propuso como proyecto de ley.

Con eso, la discusión debe volver a la sala a discusión y votación, pero con

menos quórum necesario para ser aprobada. Una jugada que acerca más la idea de

tener una comisión constitucional, si es que se aprueba esa opción, conformada

en igual número por hombres y mujeres y con representación de pueblos

originarios y sectores independientes.

Parece

extraño ver hoy que un sector de la política, el que se identifica con el

gobierno del Presidente Sebastián Piñera, que defendió durante décadas el

modelo binominal de elecciones, sea hoy el sector que defiende el valor de un

voto en igualdad con otro. El sistema binominal, recordemos, es precisamente

uno mediante el cual un voto minoritario tiene el mismo valor que el

mayoritario al poder elegir un representante.

¿De

dónde nace, entonces, la intención de ahora borrar la paridad de género y la

representación de pueblos originarios e independientes de una eventual comisión

constituyente? Es una respuesta que el sector oficialista debe dar prontamente,

pues es fácil suponer para la opinión pública que con su votación están en

contra, por ejemplo, de la igualdad de género.

En

este punto, aunque no sea real, el sector de gobierno vive una disyuntiva

similar a la que vive la oposición cada vez que vota, por ejemplo, contra la criminalización

de las protestas. Parece contra toda intuición que no se endurezcan las penas a

quienes cometen destrozos, y así la oposición se mete en un bosque al explicar

con el derecho a la manifestación y al castigo equivalente a la falta.

En

momentos como este es caro para los sectores políticos ir contra el sentir de

la ciudadanía. Ahora le toca al mundo oficialista explicar algo que parece muy

obvio.