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Un informe de la Superintendencia de Educación confirmó que estas sanciones no solo han ido en alza, sino que se han triplicado en menos de una década.
El reporte también expone la magnitud de los conflictos al interior de los establecimientos, con múltiples casos de violencia, bullying, agresiones, maltratos y otros hechos de alta gravedad que se han presentado en distintas comunidades educativas a lo largo del país.
El estudio, titulado "Caracterización de las medidas de expulsión y cancelación de matrícula (2016-2024)", analizó más de 8.200 expedientes notificados al organismo, además de bases de datos del Ministerio de Educación. La radiografía es contundente: en 2016 se registraron 741 procedimientos, mientras que en 2024 la cifra llegó a 2.423.
El salto más pronunciado se produjo tras la pandemia. Entre 2022 y 2024 se alcanzó un promedio de 1.754 casos por año, más del doble que en el período comprendido entre 2016 y 2019.
Pero el dato más impactante está en las expulsiones propiamente tales: pasaron de 167 en 2016 a 1.304 en 2024. Es decir, aumentaron en cerca de un 681% en ocho años. Desde 2022, además, esta medida superó a la cancelación de matrícula y en 2024 concentró el 53,8% de los procedimientos informados.
Pero no solo eso. En las cancelaciones de matrícula también se observa un alza sostenida. Solo entre 2018 y junio de 2025, la Defensoría de la Niñez registró más de 7.500 procedimientos de expulsión y cancelación en el sistema escolar.
La región del Biobío no quedó al margen de esta tendencia. De hecho, se ubica en el segundo lugar a nivel nacional con más casos de expulsiones.
En 2016, en la región se registraron apenas tres expulsiones. En 2024, la cifra escaló a 158. El aumento es de más de 5.100%, un crecimiento exponencial que refleja el mismo patrón observado a nivel país.
Algo similar ocurre con las cancelaciones de matrícula: Biobío pasó de 11 casos en 2016 a 117 en 2024, lo que representa un aumento cercano al 964%.
A nivel provincial, los datos también son claros. En la provincia de Biobío se ingresaron 64 expedientes de expulsión entre 2016 y 2024, y el 91% de ellos —58 casos— corresponde solo al período de 2022-2024.
En cuanto a cancelaciones de matrícula, se registraron 42 expedientes en el mismo período, de los cuales el 67% —28 casos— se concentró también en los últimos tres años.
Un dato no menor: durante los años de pandemia, 2020 y 2021, no se registraron ingresos de expedientes ni por expulsión ni por cancelación de matrícula en la provincia. El alza, por tanto, se concentra en el período posterior al retorno presencial.
La promulgación de la Ley N°21.128, conocida como Aula Segura, en 2018, intensificó el debate público. La normativa amplió las facultades de los directores para aplicar estas medidas en casos de violencia grave.
Frente a las críticas sobre un eventual desuso de la ley, la superintendenta de Educación, Loreto Orellana Zarricueta, fue enfática.
No obstante, añadió que el desafío va más allá de la sanción. "Los datos nos recuerdan que la convivencia escolar requiere un esfuerzo integral: prevenir, acompañar y asegurar que cada estudiante tenga la oportunidad de continuar aprendiendo en un entorno seguro", expresó.
Orellana subrayó que junto con la aplicación de medidas severas, es indispensable fortalecer estrategias de prevención. En esa línea destacó la Gestión Colaborativa de Conflictos y programas de reactivación como Chile Presente, que entre 2022 y 2024 permitieron que cerca de 10.000 estudiantes permanecieran en el sistema escolar.
El informe revela patrones estructurales claros. Más del 70% del estudiantado sancionado es prioritario y las medidas se concentran en establecimientos con alta vulnerabilidad socioeconómica. En 2024, casi dos tercios de las expulsiones se registraron en colegios donde más del 60% del alumnado es prioritario.
Un hallazgo especialmente sensible es el vínculo con las necesidades educativas especiales (NEE). En 2024, el 54,8% de los estudiantes expulsados y el 58,1% de los casos de cancelación de matrícula estuvieron asociados a una NEE en algún momento de la trayectoria del alumno, principalmente, déficit atencional o dificultades específicas del aprendizaje.
Las causales más frecuentes siguen siendo agresiones físicas entre estudiantes, pero también se observa un aumento de hechos más graves: porte de armas, consumo de drogas y agresiones sexuales.
Entre los casos revisados aparecen situaciones como estudiantes que escupieron en el termo de una docente, alumnos que arrojaron a un profesor al suelo en un contexto de "broma" o amenazas con pistolas de aire comprimido en las que incluso se apuntó a la cabeza de otro estudiante.
La Defensoría de la Niñez encendió alertas adicionales. Entre 2018 y 2022, un 12% de los estudiantes expulsados no logró reinsertarse en el sistema escolar durante 2023. Además, análisis longitudinales indican que entre un 20% y un 27% de quienes fueron expulsados ya se encuentran fuera del sistema a los 20 años, muy por sobre el promedio general.
También se identificaron focos de alta recurrencia en regiones como Arica y Parinacota y Tarapacá, además de un aumento del 62% entre 2023 y 2024 en liceos emblemáticos y establecimientos técnico-profesionales.
El abogado especialista en Derecho de la Educación, Ricardo Hidalgo Gajardo, explica que la cancelación de matrícula y la expulsión están reguladas en el artículo 6° letra d) del Decreto con Fuerza de Ley (DFL) N°2 de 1998, modificado por la Ley Aula Segura.
Las causales deben estar claramente descritas en el reglamento interno o tratarse de conductas gravísimas, como agresiones sexuales o con lesiones, o porte de armas. Debe existir un procedimiento racional y justo, con derecho a descargos y posibilidad de reconsideración. La decisión debe adoptarla el director y notificarse por escrito.
Además, la ley permite aplicar la suspensión cautelar mientras dure la investigación, pero esta no puede computarse como sanción si finalmente se expulsa al estudiante.
Entre los principales vicios detectados en la práctica están la falta de progresividad en las medidas, la omisión de descargos y la deficiente fundamentación de las decisiones.
Alejandra Sáez, psicóloga educacional y encargada de convivencia del Liceo Enrique Molina de Concepción, coincide en que el escenario cambió tras la pandemia.
Explica que hoy los reglamentos son más robustos y las comunidades denuncian más. Sin embargo, advierte que los equipos de convivencia muchas veces no dan abasto frente a la multiplicidad de situaciones.
En su experiencia, las mayores problemáticas se concentran en primero medio, donde confluyen estudiantes de distintas culturas escolares que comienzan su proceso de adaptación en un nuevo establecimiento.
Sáez enfatiza que la expulsión no puede transformarse en la única estrategia para generar un cambio.
"Estas medidas no son buenas ni malas, son herramientas. Pero si no hay apoyo, el conflicto solo se traslada a otro establecimiento. Sin acompañamiento, existe riesgo real de deserción", advierte.
Además, la profesional agrega el rol clave que tiene la familia para evitar este tipo de comportamientos y consecuencias.
"Cuando no hay un adulto responsable que acompañe, el pronóstico es muy malo", concluye.
Las cifras dejan una tensión evidente sobre la mesa: cómo garantizar ambientes seguros para estudiantes y docentes sin convertir la expulsión en una puerta de salida definitiva del sistema.
El análisis del período 2016-2024 muestra que estas sanciones no son producto del azar. Se concentran donde confluyen distintos factores que se repiten a lo largo del país como vulnerabilidad socioeconómica, trayectorias escolares deterioradas y menores recursos institucionales para abordar conflictos de manera no excluyente.
Mientras las cifras suben exponencialmente año a año, el desafío de fondo sigue siendo buscar una alternativa para resolver la violencia sin que la sanción termine profundizando la exclusión de jóvenes del sistema educativo.
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