Educación pública: más allá del traspaso administrativo

La implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) continúa planteando importantes desafíos para el sistema educativo chileno. Lo que nació como una reforma destinada a fortalecer la educación pública, reemplazando progresivamente la administración municipal, enfrenta hoy una etapa decisiva: demostrar que este cambio puede traducirse en mejores condiciones para enseñar y aprender.

En nuestra provincia, la postergación hasta julio de 2027 del traspaso de los establecimientos de Los Ángeles, Cabrero y Yumbel al SLEP Los Copihues vuelve a poner sobre la mesa las dificultades del proceso. Los municipios deberán mantener durante seis meses adicionales una responsabilidad que implica revisar presupuestos, asegurar recursos y garantizar el funcionamiento de escuelas y liceos.

Sin embargo, reducir la discusión a los plazos o al financiamiento de esta transición sería perder de vista el problema de fondo. La desmunicipalización surgió con el propósito de superar las desigualdades derivadas de las distintas capacidades de gestión y financiamiento de los municipios, mediante una institucionalidad con mayores capacidades técnicas y mejores oportunidades para los estudiantes.

No obstante, la experiencia ha demostrado que modificar la estructura administrativa no resuelve, por sí solo, las dificultades acumuladas durante años. La disponibilidad de recursos, el mantenimiento de infraestructura, la gestión del personal y el acompañamiento pedagógico siguen siendo aspectos fundamentales para el funcionamiento de los establecimientos.

A ello se suma un desafío especialmente relevante: fortalecer la confianza de las familias en la educación pública. Porque mientras las instituciones discuten modelos de gestión, calendarios y responsabilidades financieras, los estudiantes necesitan condiciones adecuadas para desarrollar sus aprendizajes.

Por eso, las postergaciones también deben representar una oportunidad para revisar las condiciones de los traspasos. Avanzar conforme a un calendario es importante, pero igualmente necesario es asegurar que los nuevos servicios cuenten con equipos preparados, recursos suficientes y conocimiento de las particularidades de cada territorio, especialmente en una provincia donde conviven realidades urbanas y rurales muy diversas.

El verdadero sentido de esta reforma no puede quedar limitado a determinar quién administra los establecimientos o desde qué presupuesto se financian. Su éxito deberá reflejarse en mejores aprendizajes, mayores oportunidades y condiciones educativas más equitativas. Ese es, finalmente, el desafío de los SLEP: conseguir que una transformación administrativa se convierta en una mejora real para la educación pública y para los niños, niñas y jóvenes que dependen de ella.