Código Rojo

La llegada de las altas temperaturas suele concentrar la atención en la prevención de incendios forestales, la disponibilidad de agua y las medidas de autocuidado. Sin embargo, existe otra dimensión de los riesgos asociados al verano que requiere mayor atención: la situación de quienes permanecen expuestos al sol y al calor extremo sin contar con condiciones mínimas de protección, especialmente las personas en situación de calle.

El reciente anuncio de un Código Rojo para enfrentar los efectos de las altas temperaturas abre una discusión sobre la manera en que nuestro país aborda la protección de sus habitantes más vulnerables. Así como durante el invierno se han desarrollado mecanismos de atención frente al frío extremo, resulta razonable avanzar hacia una respuesta que reconozca que el calor también puede representar una amenaza para la salud y la vida.

Esta preocupación adquiere especial relevancia en nuestra provincia. Los Ángeles concentra cerca de 600 personas en situación de calle, una realidad que evidencia la magnitud de una problemática social que no desaparece con el término del invierno. Por el contrario, las condiciones de vulnerabilidad persisten durante todo el año, aunque cambien los factores que ponen en riesgo a quienes las enfrentan.

A ello se suma una realidad climática que conocemos bien. Nuestra zona ha registrado temperaturas cercanas a los 39 grados durante los últimos veranos, condiciones que pueden resultar especialmente peligrosas para quienes no tienen acceso permanente a agua potable, sombra o espacios adecuados donde resguardarse. La deshidratación, los golpes de calor y otras complicaciones de salud son riesgos que exigen medidas preventivas y una respuesta oportuna.

La experiencia acumulada durante los meses de invierno demuestra que la coordinación entre instituciones públicas, municipios y organizaciones sociales puede marcar una diferencia importante. El desafío está en trasladar ese aprendizaje a los meses de mayor calor, asegurando que las medidas de protección cuenten con recursos, cobertura territorial y capacidad de llegar efectivamente a quienes más las necesitan.

En una provincia donde los efectos del cambio climático se hacen cada vez más evidentes, la prevención debe incorporar también su dimensión social. No todas las personas enfrentan las altas temperaturas en las mismas condiciones ni cuentan con iguales posibilidades de protegerse. Reconocer esas diferencias es fundamental para construir políticas públicas que respondan a la realidad de los territorios.

El Código Rojo representa una oportunidad para avanzar en esa dirección. Sin embargo, su verdadero valor no estará en el anuncio, sino en su capacidad de traducirse en protección concreta y oportuna para quienes lo requieran.