Perros asilvestrados

La presencia de perros asilvestrados en los sectores rurales se ha convertido en una preocupación que trasciende las pérdidas económicas para la actividad ganadera. Los ataques a animales de producción, mascotas y fauna silvestre, junto con los riesgos que representan para las personas, evidencian una problemática que requiere respuestas oportunas y una mirada integral desde las políticas públicas.

La Sociedad Agrícola de Biobío (Socabio) ha manifestado su preocupación por la magnitud de estos hechos y la necesidad de avanzar en una legislación eficaz. Según lo expuesto por el gremio, las jaurías provocan la muerte de ovinos, caprinos, aves de corral e incluso terneros y potrillos, además de graves lesiones en otros animales. Una realidad que afecta directamente a familias y productores rurales, para quienes cada pérdida puede representar un impacto significativo en su actividad y sustento.

Sin embargo, reducir esta situación a sus consecuencias productivas sería desconocer otras dimensiones igualmente relevantes. La seguridad de las comunidades, especialmente de niños y personas que habitan sectores apartados, así como la protección de la biodiversidad, forman parte de un problema que no puede continuar abordándose únicamente cuando se producen nuevos ataques.

En este escenario, resulta fundamental reconocer que el origen de esta problemática también está vinculado con la conducta humana. El abandono de perros, la falta de tenencia responsable y las dificultades para implementar medidas sostenidas de control reproductivo contribuyen a generar condiciones que posteriormente resultan complejas de enfrentar. Por ello, cualquier solución que aspire a ser efectiva debe considerar tanto la prevención como la intervención frente a situaciones de riesgo.

La discusión legislativa constituye una oportunidad para avanzar en esa dirección. No obstante, el desafío está en construir una normativa que concilie la seguridad de las personas, la protección de la actividad agropecuaria, el bienestar animal y la conservación de la fauna silvestre. Son objetivos que no debieran entenderse como contrapuestos, sino como parte de una responsabilidad compartida que exige criterios técnicos, recursos y mecanismos claros de aplicación.

Para una provincia como Biobío, donde la ruralidad constituye una parte esencial de su identidad y desarrollo, esta discusión es muy relevante.  Las familias del campo necesitan contar con herramientas que les permitan desarrollar sus actividades en condiciones de seguridad, sin que la distancia de los centros urbanos se traduzca en una menor capacidad de respuesta institucional.  Avanzar requiere fortalecer la fiscalización del abandono, promover la esterilización y la identificación de mascotas, mejorar los mecanismos de denuncia y establecer una coordinación efectiva entre municipios, organismos públicos y comunidades rurales. También supone reconocer que las medidas deben adaptarse a las características de cada territorio y contar con financiamiento suficiente para sostenerse en el tiempo.