La justicia y su deuda con las víctimas

La controversia que se ha instalado en los últimos días por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad no ha dejado a nadie indiferente, ya que más allá de la discusión política, lo que está en juego es la confianza en nuestro sistema de justicia y, especialmente, la protección que como sociedad estamos entregando a nuestros niños, niñas y adolescentes.

Este viernes, el Ejecutivo reconoció su disconformidad con estas decisiones, aunque defendió que los decretos firmados por el ministro de Justicia se ajustan a la legislación vigente. Una explicación jurídicamente relevante, pero que también deja abierta una interrogante sobre los efectos de las normas que hoy permiten acceder a estos beneficios, considerando que una cosa es cumplir la ley, como corresponde en un Estado de derecho, y otra es asumir que toda disposición vigente responde adecuadamente a las necesidades y exigencias de la sociedad actual.

Los delitos sexuales contra menores de edad tienen consecuencias que muchas veces acompañan a las víctimas durante toda su vida. Detrás de cada denuncia existe una historia, familias que enfrentan procesos dolorosos y niños que necesitan recuperar la seguridad que alguien les arrebató. Por eso, cualquier discusión sobre beneficios o rebajas de condenas requiere especial rigurosidad, transparencia y consideración hacia quienes han sufrido estos delitos.

Es entendible, por cierto, que la justicia no puede funcionar a partir de la indignación pública ni modificar sus decisiones según la presión del momento. Las garantías legales existen por razones fundamentales y deben ser respetadas. Sin embargo, ese mismo respeto institucional exige que el legislador revise las normas cuando sus consecuencias evidencian problemas que merecen ser abordados.

El Gobierno ha anunciado su intención de impulsar cambios legales. Será importante conocer su alcance, escuchar a especialistas y, sobre todo, incorporar la perspectiva de las víctimas. No se trata simplemente de aumentar penas o restringir beneficios, sino de construir un sistema coherente, que entregue certezas y considere debidamente la gravedad de los delitos.

Como sociedad hemos avanzado en reconocer la violencia sexual contra niños y adolescentes, en promover la denuncia y en comprender sus consecuencias. Pero esa mayor conciencia también debe reflejarse en nuestras instituciones y en la manera en que respondemos frente a quienes han sido vulnerados.

La protección de la infancia no puede depender de la contingencia ni transformarse en una bandera política. Es una responsabilidad permanente del Estado y de todas y todos nosotros, ya que, en definitiva, la confianza en la justicia no se construye solo con sentencias. También depende de que las víctimas encuentren en ella una respuesta seria, comprensible y respetuosa de su dignidad.