Buena política

Cuando la lógica de la polarización se impone en el debate político, es la ciudadanía la que termina pagando las consecuencias. La historia política está plagada de demasiados ejemplos para corroborar el punto.

Esa misma lógica maximalista, sostenida por resultados electorales coyunturales, fue la responsable del fracaso de dos procesos constitucionales, cada uno de los cuales proponía una visión de la sociedad que, en lo sustancial, excluía al otro, justamente lo contrario a lo que debe ser un cuerpo constitucional, un pacto social por antonomasia con una mirada de largo aliento.

La ciudadanía, más allá de las propuestas presentadas en cada texto, castigó la falta de acuerdos, a la ausencia de diálogo, la nula generosidad de las mayorías circunstanciales para integrar la visión de quienes pasaron a ser parte de la minoría.

Es importante detenerse en un el estudio realizado hace un tiempo por el Centro de Estudios Públicos (CEP) que recogió la evaluación ciudadana sobre el quehacer de los organismos públicos. El resultado fu devastador, trasuntando una severa crisis de confianza en las instituciones, lo cual que deja la puerta abierta para el surgimiento de caudillismos de muy dudoso proceder e intenciones.

Es que lo que debieran ser las instancias más representativas para el ciudadano común y corriente - como el Gobierno, el Congreso Nacional y los partidos políticos-, estaban en los últimos lugares respecto de su nivel de confianza.

Dramático era que el Congreso Nacional apenas lograra un 8% de aprobación ciudadana. El Gobierno no lo hacía mucho mejor. Esos resultados contrastaban con instituciones como la Policía de Investigaciones (PDI) y las radios, con 53% y 51% de aprobación, respectivamente. Más atrás están las Fuerzas Armadas (37%), Carabineros (30%), municipalidades (27%), diarios (25%), sindicatos (22%) y las redes sociales (21%). Le siguen las iglesias (católica y evangélica) con un 17% y las empresas privadas con 14%. El listado continúa con los tribunales de justicia (12%), la televisión y el Ministerio Público (11%).

Los datos debieran ser un severo llamado de atención para la clase política, más aún con el remezón que ha venido de la mano de un nuevo proceso constitucional fallido.

Será necesario hacer un acto de constricción que admita todo aquello que se ha hecho mal, que restañe las confianzas heridas, que aplique sensatez y mesura, que reinstale el diálogo como la herramienta que permita acercar posiciones y resolver controversias, que su propósito y su fin sea responder a los anhelos, necesidades y problemas una sociedad que está en constante evolución.

Se trata es de recuperar la saludable costumbre de hacer "buena política", esa que se construye a partir del diálogo, la participación y velando siempre por el bien común.