El inicio del año escolar siempre genera una movilidad familiar importante, ya que el retorno a la escuela, de los niños y jóvenes, obliga a desplegar un nivel de organización y planificación, que a la postre significa recursos extras, porque aunque el Estado aporte textos, y útiles escolares, siempre es necesario complementar los requerimientos, agregando a todo esto el uso del uniforme, que a pesar de no ser obligatorio, se les permite a las comunidades educativas y sus consejos escolares acordar su uso masivo, teniendo presente las situaciones especiales.

En lo especial, el retorno escolar, este año, trae consigo dos importantes temas, uno que se relaciona con los estudiantes y otro que tiene ver con los docentes.

Los estudiantes del país, en todos los niveles, no podrán usar el celular en las escuelas y en los liceos, de acuerdo con la reciente Ley 21.801. Cada unidad educativa deberá elaborar un protocolo para administrar este mandato legal, lo que con toda seguridad obligará a los equipos directivos y docentes a prestar muchísima atención, para no incurrir en abandono de deberes frente a eventuales incumplimientos de la ley. El uso del celular, de acuerdo con lo indicado, solo quedará relegado a situaciones muy especiales vinculadas a problemas de salud y necesidades educativas especiales, certificadas por médicos y especialistas, también en el ámbito estrictamente pedagógico, y siempre que esté reflejado en la planificación del docente, la UTP, podrá autorizar su uso.

El retiro del celular contribuirá a que los estudiantes se enfoquen en sus procesos de aprendizaje ayudando a crear un ambiente propicio para que el docente pueda cumplir con su misión sin distraerse ni discutir con los estudiantes por el uso inadecuado de este recurso tecnológico. Desde los establecimientos educacionales se espera contar con una amplia colaboración de la familia, ya que esta restricción está amparada por una ley que se deberá cumplir sin discusiones innecesarias.

En relación con los docentes, y después de mucho batallar, se logró legislar para determinar que un docente pueda pasar de contrata a titular. La ley 21.803, establece que al cumplir cuatro años continuos o discontinuos de labor, en la misma dotación, puede invocar la titularidad. El espíritu de esta ley viene a plantear el término de contrataciones sucesivas, priorizando la estabilidad laboral tras años de servicio. Esta importante conquista del Magisterio implica un enorme desafío: garantizar su sostenibilidad en el tiempo, manteniendo o aumentando la matrícula. Este factor representa el corazón del sistema educacional chileno, ya que de ello depende su financiamiento; pues frente a una eventual baja de la matrícula, las plantas docentes, necesariamente, deberían ajustarse, causando un fuerte impacto financiero para los DAEM y los SLEP.

La vuelta a clases de nuestros estudiantes representa un importante hito que llena de vida la ciudad y fortalece nuestras convicciones de que la educación es la llave maestra que abre las puertas al desarrollo personal y social.

Un gran saludo a todos ellos y también a las familias angelinas.

Mario Morales Burgos Profesor