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La medida se activa tras la etapa de notificación previa y apunta a un segmento acotado de contribuyentes de alto ingreso que, pese a haber sido informados oportunamente, no regularizaron sus obligaciones. En esta primera fase, el universo alcanza a 1.340 casos a nivel nacional.
Desde la institución detallaron que las acciones de cobro incluyen la retención de fondos en cuentas bancarias, además de instrumentos financieros como depósitos a plazo y fondos mutuos. A ello se suman posibles embargos sobre activos físicos, entre ellos bienes raíces y vehículos.
El despliegue forma parte de una estrategia más amplia de recuperación fiscal que, durante 2026, ya supera los $20 mil millones recaudados. Solo en abril, según cifras oficiales, se concretaron más de 7.500 convenios de regularización vinculados al CAE, generando ingresos por sobre los $8.400 millones.
En paralelo, el segmento de mayores ingresos —objetivo principal de esta etapa— ha registrado pagos por $2.400 millones, realizados de manera total o parcial fuera de los convenios formales.
Desde la TGR también se informó un refuerzo en la campaña de información dirigida a quienes mantienen deudas por CAE, a través del envío de correos electrónicos con detalles sobre las opciones de regularización disponibles.
En esa línea, desde el 1 de abril se encuentra habilitado un sistema de convenios especialmente orientado a personas con ingresos inferiores a $5 millones mensuales, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de sus compromisos financieros y evitar medidas coercitivas.
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