CPC Biobío valora Ley de Permisos Sectoriales y asegura que éxito dependerá de la capacidad estatal

La Cámara de la Producción y del Comercio de Biobío (CPC Biobío), mediante su presidente, Álvaro Ananías, ha manifestado una valoración profunda respecto de la recién aprobada Ley de Permisos Sectoriales, la que reconoce como un avance significativo para el desarrollo del país y, específicamente, de la región.

Para la multigremial, esta legislación representa un avance concreto hacia una institucionalidad más moderna, cuya estructura proporciona reglas claras y plazos razonables para la gestión de proyectos.

Ananías destacó que la finalidad esencial de esta ley es lograr compatibilizar la inversión con la sustentabilidad, mediante marcos que fomenten la eficiencia productiva sin menoscabar los compromisos ambientales y sociales.

Sin embargo, el presidente de CPC Biobío ha sido enfático en señalar que, si bien el texto legal es positivo, el riesgo reside ahora en la capacidad real del Estado para implementarla con agilidad y robustez. También, advirtió que el costo económico de la burocracia regional ya ha significado la no generación de miles de puestos de trabajo.

La urgencia de la reactivación económica, según Ananías, demanda que la aplicación de la normativa sea expedita y eficaz.

MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Y CONFIANZA

Ananías ha subrayado que la aprobación de la ley es un paso decisivo que satisface una necesidad largamente planteada por el sector productivo.

El presidente de CPC Biobío considera que la nueva normativa dota al sistema de una arquitectura que impulsa la modernización institucional, aspecto crucial para generar un ambiente de negocios predecible.

Según Ananías, el cuerpo normativo busca establecer reglas claras y plazos razonables, lo cual es fundamental para cualquier tipo de planificación de inversión.

Un punto relevante que destacó es la inclusión de las declaraciones juradas dentro del marco regulatorio de la reforma. El presidente de CPC Biobío fue claro al explicar que esta medida no debe interpretarse bajo ninguna circunstancia como un proceso de desregulación o como una rebaja en los estándares de cumplimiento.

Por el contrario, sostiene que la incorporación de este mecanismo está orientada a promover la "eficiencia con responsabilidad".

BUROCRACIA REGIONAL E IMPACTO EN EL EMPLEO

Ananías ha utilizado la tribuna de la CPC Biobío para ser enfático en señalar que la permisología excesiva y compleja que ha regido hasta ahora ha operado como un "freno para el desarrollo regional".

El presidente de la multigremial ha puesto el foco en las consecuencias directas que estas demoras administrativas tienen sobre la economía local y la calidad de vida de los habitantes de la región del Biobío.

Según Ananías, la realidad concreta es que "cada día de espera significa empleo postergado, inversión detenida y oportunidades que no llegan".

Esta situación ha generado un estancamiento en proyectos productivos que podrían estar generando dinamismo económico en la zona.

Para cuantificar y respaldar esta afirmación, Ananías adujo información proveniente del último Índice de Costo Económico por Permisología, elaborado por la Universidad San Sebastián (USS).

De acuerdo con los datos presentados por Ananías, estos retrasos acumulados en la tramitación de permisos han generado una caída significativa del 48% en la inversión validada.

Más alarmante aún, según el presidente de CPC Biobío, es la cifra que demuestra el efecto directo sobre la población activa de la región: se estima que, a causa de las demoras en los permisos, se ha producido la no generación de más de 5.000 empleos.

Por estas razones, Ananías aseguró que la aprobación e implementación efectiva de la Ley de Permisología "puede marcar un punto de inflexión" en la tendencia negativa de inversión y empleo en la región.

IMPLEMENTACIÓN Y FISCALIZACIÓN ÁGIL

Ananías advirtió que el principal desafío para asegurar el éxito de esta ley no reside en su articulado, sino de manera crítica, "en su implementación".

Esta perspectiva sugiere que el foco de atención ahora debe trasladarse desde la legislación hacia la ejecución práctica por parte del aparato estatal.

Ananías enfatizó que esta nueva reforma legal "pone a prueba la capacidad institucional" del Estado. Según el líder gremial, esta capacidad debe manifestarse de dos maneras fundamentales.

Primero, se requiere una habilidad para "fiscalizar con agilidad" el cumplimiento de las normativas. Segundo, es imperativo contar con "plataformas digitales robustas" que permitan gestionar los procesos de manera eficiente y transparente.

Ananías alertó sobre un riesgo latente: si el Estado no logra fortalecer adecuadamente sus capacidades técnicas y operativas, existe la seria posibilidad de que los avances logrados en el ámbito normativo "no se traduzcan en mejoras reales" y tangibles para los ciudadanos y las empresas.

Agenda pendiente: hacia una nueva Ley Ambiental

En entrevista con La Tribuna, Álvaro Ananías aseguró que la Ley de Permisos Sectoriales es "el primer paso" dentro de una necesaria agenda de modernización regulatoria.

El presidente de CPC Biobío realizó un llamado urgente a las autoridades para que se emprenda el camino hacia una nueva Ley Ambiental. Aseguró que esta debiese ser "más ágil y moderna".

El objetivo, según el líder gremial, es tener la capacidad de "dialogar con los desafíos productivos y territoriales" específicos que actualmente enfrenta la región del Biobío y el resto del país.