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La ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, encabezó una fiscalización en la Región Metropolitana junto a la directora nacional de ODEPA, Andrea García, y al subdirector nacional del SAG, Rodrigo Sotomayor, donde recordó que el organismo ejecuta más de 7 mil inspecciones al año, intensificando estas acciones en septiembre.
Las fiscalizaciones del SAG consideran aspectos como la tipificación de la carne bovina, la correcta rotulación de los cortes y la verificación de la documentación tributaria que respalda el origen del producto. Los locales que incumplen la normativa arriesgan sanciones que pueden llegar hasta 500 UTM ($34,3 millones) e incluso la clausura en casos de reincidencia.
El subdirector nacional del SAG recalcó que la categoría de la carne es clave para determinar su calidad: "Los cortes tipo V y A son los de mejor calidad y deben cumplir con estándares de frescura, color y aroma", explicó Sotomayor.
Por su parte, Andrea García instó a las familias a cotizar antes de comprar, advirtiendo diferencias significativas en precios: "En cortes populares como el abastero, hemos detectado valores entre $7.500 y $15.000 por kilo, lo que hace necesario comparar antes de decidir", señaló la directora de ODEPA.
En paralelo, las autoridades abordaron la situación internacional de la carne aviar. La ministra Fernández informó que el 23 de agosto se reabrieron las importaciones desde Brasil, luego de comprobar el control del brote de influenza aviar detectado en mayo.
En contraste, el ingreso de carne aviar desde Argentina fue suspendido temporalmente tras detectarse un brote. Sin embargo, Fernández aclaró que su impacto será limitado: "El mercado argentino solo representa un 2% de nuestras importaciones, por lo que no habrá un efecto importante en los precios", puntualizó.
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