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El secretario de Estado abordó el tema durante una actividad de entrega de viviendas realizada en Los Ángeles, explicando que la paralización del proyecto habitacional se debe a una medida precautoria presentada por la constructora Figuz.
Dicha acción judicial impide que el Serviu pueda contratar a otra empresa para continuar las obras en los comités San Lorencito II y Unión y Esperanza.
El ministro también advirtió el impacto que han tenido los retrasos en la vida de las familias y en la gestión de recursos públicos.
"Se ha gastado mucho tiempo, y es difícil transmitir tranquilidad cuando las familias llevan años esperando sin certezas", señaló.
Durante la jornada de este lunes, cerca de 30 personas -entre miembros de los comités afectados y autoridades comunales- se trasladaron a Santiago de manera autogestionada para instalarse frente al Palacio de La Moneda buscando visibilizar la situación que enfrentan las familias.
En ese contexto, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, recibió a los miembros del comité en una mesa de trabajo que duró aproximadamente dos horas. Según los testimonios de los presentes, se les explicó que, al tratarse de un proceso judicial, las facultades del ministerio para avanzar con las obras eran limitadas.
Gloria Godoy, presidenta del comité San Lorencito II, recuerda que lleva casi tres décadas soñando con la casa propia: "Nosotros no teníamos más opción, no hubo otras empresas que postularan, así que nos quedamos con la que había", señala. Hoy, sus hijas, que crecieron esperando la misma vivienda, continúan involucradas en el proceso.
Karina Morales, presidenta del comité Unión & Esperanza, apunta a la gestión de Serviu como uno de los factores que ha prolongado la espera: "Este atraso venía de años. Desde el primer año de construcción ya veníamos con el atraso", comenta.
Morales destaca además los esfuerzos de los dirigentes, quienes incluso con recursos propios han intentado mantener el proyecto en marcha.
El origen del conflicto se remonta a la adjudicación del proyecto a la constructora Figuz, única empresa calificada entre las postulantes, y a los retrasos agravados tras la pandemia. En 2023, la paralización se profundizó cuando 60 trabajadores denunciaron que no habían recibido su sueldo durante cuatro meses.
Más tarde, la constructora firmó una alianza con otra empresa familiar, con un nuevo presupuesto que permitió pagar sueldos y reanudar temporalmente las obras. Sin embargo, el Serviu puso fin al contrato, lo que derivó en la demanda de Figuz y la medida precautoria que mantiene el proyecto congelado.
Mientras tanto, las casas inconclusas se deterioran día a día.
La precariedad afecta también la economía familiar: muchos deben mantener costosos arriendos mientras esperan sus viviendas, algo que golpea especialmente a quienes viven con sueldos mínimos.
El Serviu ha intentado levantar la medida precautoria en varias ocasiones, presentando recursos de reposición y apelando en tribunales superiores, pero hasta el momento los fallos han favorecido a la constructora. Pese a ello, se han realizado gestiones junto a los comités para preparar estudios técnicos y cotizaciones, con la intención de retomar las obras cuando la justicia lo permita.
Para las familias de Quilleco, la espera no es solo económica, sino también emocional y social. Tres adultos mayores han fallecido durante este prolongado proceso, y muchas familias han debido abandonar sus arriendos por la falta de estabilidad. "Somos los rehenes de un juicio entre la empresa y el Serviu", dice Godoy. "Mientras ellos pelean por boletas de garantía, a nosotros se nos va la vida esperando".
El proyecto habitacional de los comités San Lorencito II y Unión y Esperanza se encuentra detenido desde hace meses, luego de que el Serviu pusiera fin al contrato con la constructora Figuz.
La empresa, en respuesta, presentó una demanda y solicitó una medida precautoria que impide celebrar nuevos contratos o continuar las obras en el terreno mientras dura el proceso judicial.
El origen de la situación se remonta a la adjudicación inicial del proyecto, en la que Figuz fue la única empresa calificada entre las postulantes. Las obras, interrumpidas durante la pandemia, retomaron su curso lentamente, acumulando retrasos y denuncias de trabajadores sueldos impagos.
Mientras la traba judicial mantiene congeladas las obras, los vecinos de Quilleco enfrentan consecuencias directas en su vida diaria. Muchos deben pagar altos arriendos mientras esperan sus viviendas, situación que golpea especialmente a quienes perciben sueldos mínimos. Tres adultos mayores han fallecido sin poder ver concretado el sueño de la casa propia, y otras familias han debido abandonar sus arriendos por la imposibilidad de sostenerlos, aseguran las dirigentas.
Agregan que el deterioro de las viviendas inconclusas es evidente, con grietas en las paredes, techumbres incompletas, vigas que comienzan a deteriorarse con el paso del tiempo, pisos que se parten y la necesidad de contratar seguridad para proteger los terrenos.
Como señala Gloria Godoy, presidenta del comité San Lorencito II "las viviendas se están agrietando, los pisos se parten, muchas no tienen techumbre y las vigas se enchocan. Ya tenemos que poner guardias de seguridad para que no se las tomen o se las roben".
Su relato refleja el cansancio y la frustración de toda la comunidad: "Somos los rehenes de un juicio entre la empresa y el Serviu, mientras ellos pelean por boletas de garantía, a nosotros se nos va la vida esperando".
Desde el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) confirmaron que la medida precautoria interpuesta por la constructora Figuz impide celebrar nuevos contratos y continuar las obras mientras dure el proceso legal.
"La decisión del tribunal de primera instancia, que aceptó una medida precautoria, prohíbe actualmente celebrar actos y contratos sobre el terreno. Esto ha impedido finalizar oficialmente el contrato vigente y, a su vez, iniciar uno nuevo que permita recontratar las obras", explicó la directora regional, María Luz Gajardo.
El Serviu señaló que, pese a las limitaciones, han presentado recursos de reposición y apelaciones en tribunales de alzada en al menos cuatro ocasiones. La autoridad regional añadió que se han realizado gestiones junto a los comités para cotizar los montos necesarios y preparar todos los antecedentes técnicos, con el objetivo de retomar el proyecto cuando la justicia lo permita.
"Vamos a tener la próxima semana una visita de la División Técnica del Ministerio a nivel central, que el ministro nos ha pedido que apuremos, para tener así todos los antecedentes técnicos listos en cuanto podamos reiniciar la obra", afirmó Gajardo.
Finalmente, la directora enfatizó la limitación de la institución frente a una resolución judicial: "Estamos empeñados en terminar con la medida prejudicial precautoria, pero depende de tribunales", subrayando que la decisión final no está en manos del Serviu y que, mientras el juicio siga, las obras permanecerán paralizadas.
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