La historia de la millonaria demanda ganada por 167 vecinos en contra de constructora Manitoba

Debe ser el mayor monto que un tribunal ha ordenado pagar a una demanda colectiva de un grupo de familias por la mala calidad de sus viviendas. El Primer Juzgado Civil de Los Ángeles fijó un monto de 7 mil 259 millones de pesos para indemnizar a 167 familias que corresponden a la quinta etapa de la Villa Portal Manso de Velasco, ubicada en el sector sur de la ciudad de Los Ángeles.

Aunque ya hubo reclamos a poco de entregarse las casas, la historia tomó fuerza a mediados de 2020, 10 meses después de la entrega de la entrega de conjunto habitacional construido por la empresa Manitoba SPA, que consideró viviendas de entre las mil 100 y las 2 mil 200 Unidades de Fomento (que se traduce entre los 40 y los 80 millones de pesos en la actualidad).

El punto de partida fueron las lluvias de junio de 2020 que dejaron al descubierto una serie de filtraciones en los marcos de puertas y ventanas. Lo que parecía ser un problema focalizado, se convirtió en un asunto que involucró a la mayor parte de los residentes de ese conjunto habitacional.

De acuerdo a la presentación en tribunales, casas se inundaron ya que el agua lluvia entró por techos, paredes y ventanas. Incluso, en una casa notaron que había un hedor porque ni siquiera tenía el tubo que conectara el baño con la cámara de alcantarillado. Además, casi todas las casas tienen desperfectos eléctricos, debido a que el cableado energizado no era del espesor debido, así como también las cañerías de gas que no cumplen con la normativa vigente.

La serie de reclamos dio origen a una demanda colectiva por daños y perjuicios interpuesta por la firma BLC Abogados en representación de 180 familias contra de la constructora Manitoba SPA, representada por Jorge Francisco Martabid Razazi, con domicilio en Temuco.

El tribunal tuvo a la vista los diferentes informes de peritos especializados, todos los cuales coincidieron en la gravedad de los daños estructurales de las viviendas que, pese a las reparaciones posteriores en algunos casos, seguían presentando fallas que se atribuyeron a errores de base en el diseño de las viviendas.

Aunque en un principio eran 180 demandantes, un grupo de 13 propietarios llegó a un acuerdo extrajudicial con la empresa a cambio de una de dinero y el compromiso de reparar los daños a través del servicio de post venta.

En la decisión del juez Jorge Carrasco Martínez, se consideraron indemnizaciones por concepto de daño emergente lucro cesante y daño moral. Sólo por este último concepto, el monto a pagar supera los mil 250 millones de pesos ya que considera que cada propietario afectado debe ser resarcido en 7 millones y medio de pesos.

Al cabo, los montos por concepto de indemnización fluctúan entre los 7 millones y medio de pesos (solo pago por daño moral) hasta los 65 millones de pesos, a partir del reporte de perjuicios entregado por los peritos al tribunal.

Luis Gutiérrez, presidente de la Junta de Vecinos y principal promotor de la acción judicial, destacó que "todos los informes técnicos realizados por profesionales y entes estatales concluyeron que nuestras viviendas tienen un daño estructural que afecta la habitabilidad, instalaciones y terminaciones".

El dirigente vecinal adelantó que este viernes 28 de julio "llegaremos a la plaza de armas con todo lo que tenemos para dejar un mensaje y las autoridades tomen cartas en el asunto. Una vivienda no es digna si no es de calidad".

Se trata de un fallo de primera instancia que puede ser recurrido por la empresa constructora en la Corte de Apelaciones e, incluso, en la Corte Suprema de justicia.

OTROS CASOS

El caso se suma a la determinación del máximo tribunal del país que falló en favor de 28 familias de la villa El Retiro Sur, comuna de Los Ángeles en contra de la empresa Galilea, Ingeniería y Construcción, también debido a la mala calidad de las viviendas.

La historia se remonta a los años 2012 y 2013 cuando se entregó el conjunto habitacional formado por 400 casas, cuyo valor partía en los 30 millones de pesos (al valor de la UF en la época). Dicho conjunto se sitúa por las calles Seminario con Lynch, en la salida poniente de la ciudad de Los Ángeles, a continuación de la planta Iansa y la subestación eléctrica.

Sin embargo, a poco de comenzar a ocupar las viviendas, los residentes constataron que la humedad se colaba por los pisos y los hongos aparecían por todos los rincones en la mayoría de las casas. Con el tiempo, los problemas se fueron incrementando: aparecieron grietas y fisuras en las paredes, y quedaron en evidencia los descuadres de puertas y ventanas.

Algunos afectados trataron de solucionar los problemas por cuenta propia pero la mayoría apeló al servicio de post venta de la propia constructora.

Debido a que los problemas continuaron, se hicieron asesorar jurídicamente por el abogado Juan Quezada - de la firma que también integran Nathaly Marín, Claudio Ramos, Daniel Lobos y Andrés González - quien entabló una demanda en representación de 28 propietarios.

En septiembre de 2021, en un fallo del Segundo Juzgado Civil de Los Ángeles, se estableció que la empresa fue responsable de construir viviendas con problemas que son atribuibles a la mala calidad del trabajo y de materiales utilizados.

Además, el tribunal fijó un monto de indemnización de entre 7,5 y 8,5 millones de pesos para cada uno de los propietarios afectados. En el desglose, se incluye una suma de dinero fija de cinco millones por daño moral y a una cantidad variable por el concepto de daño emergente. A lo anterior, se deben añadir las costas, es decir, el valor por los honorarios del abogado patrocinante, lo que aproxima el monto a cancelar en cerca de 250 millones de pesos.