En Biobío promueven iniciativa por descentralización fiscal con gremios y organizaciones ciudadanas

En la Región del Biobío, apenas el 10% del presupuesto que se invierte en el territorio, es decidido por las autoridades de la región. El otro 90%, que se relaciona a proyectos de alto impacto como carreteras y hospitales, es resuelto en el nivel central.

Ese dato es el punto de partida para la campaña del Observatorio de Corbiobío que se lanzó hace unos días en Los Ángeles, denominada "Iniciativa Chile Desarrollado: ChileD". ¿Su propósito? Que el Gobierno cumpla el compromiso con la descentralización fiscal, a través del proyecto de Ley de Rentas Regionales, de manera de superar el deficitario financiamiento de los gobiernos regionales, cuyo gasto público centralizado mantiene al país rezagado del promedio de la OCDE, que alcanza un 27,4%. El llamado es a la gestión responsable del Ejecutivo y a la participación ciudadana en los asuntos de interés público.

Los fundamentos serán expuestos a través de un informe, con la idea de consensuar propuestas regionales, del sector productivo y de las universidades, con miras a la discusión en el Congreso Nacional, en un proceso que plantea la urgencia de poner en marcha una autonomía financiera en regiones, con énfasis en mejorar los indicadores de orden socioeconómico y establecer metas del gasto público.

De esta forma, también se da respuesta al anuncio del Gobierno del Presidente Gabriel Boric en el sentido de promover un proceso de participación ciudadana, enmarcado en la Política Nacional de Descentralización, anunciada para este mes.

El académico y analista del Observatorio de Corbiobío, Ariel Yévenes, enfatizó que es clave que el proyecto de Ley de Rentas Regionales incluya las perspectivas de las regiones, en el contexto del traspaso de funciones y responsabilidades desde el gobierno central a los gobiernos regionales.

Por lo mismo, explicó que "nos estamos reuniendo con gremios y organizaciones ciudadanas para ir recogiendo las necesidades que surgen desde ahí para un proceso de descentralización". En ese marco, recalcó que "cuando pensamos en esta materia, pensamos en cosas que deben hacerse desde el Estado o el gobierno central pero hay muchas demandas que es necesario recoger desde el empresariado, las organizaciones y la comunidad en general porque el centralismo que afecta al país es algo que le afecta de manera transversal".

En ese marco, resaltó que el Observatorio de Corbiobío definió dos puntos centrales: uno es lo relacionado con las atribuciones de los gobiernos regionales y locales. "Lo que tenemos es una descentralización tutelada porque si bien elegimos a nuestras autoridades regionales, aún no están dotadas de las atribuciones que les permitan movilizar el desarrollo del territorio. Tenemos un delegado presidencial que como representante del Presidente de la República, que tienen bastante poder y atribuciones, sobre todo por la acción de los ministerios que se replican en los territorios", acotó.

Sin embargo, Yévenes recalcó que la entrega de atribuciones para promover los grandes proyectos de desarrollo, "deben venir aparejadas de recursos. Los recursos de decisión regional son una ínfima parte dentro de todo lo que se invierte en la región. No se trata de que nos envíen plata sino que nos entreguen la potestad de decidir en qué y en cómo invertir esos recursos".

A modo de ejemplo, mencionó que nuestra región está con una serie de proyectos muy rezagados en materia de infraestructura y conectividad. "Lo virtuoso es que no solo hablamos de proyectos de infraestructura para atender las necesidades económicas y productivas de exportación, sino que también debieran atender a las necesidades de calidad de vida de los habitantes del territorio", comentó.

La "Iniciativa ChileD" de Corbiobío se formalizará a través de un documento remitido al Presidente Gabriel Boric y al ministro de Hacienda, Mario Marcel. Mientras paralelamente se efectuarán gestiones para exponer las propuestas ante las comisiones respectivas del Congreso Nacional.

Puntos principales

Al respecto, en el informe Chile D destacan los puntos principales:

-La Ley de Rentas Regionales debe establecer criterios y estructura de financiamiento de los gobiernos regionales.

-Es clave la transparencia del gasto del gobierno nacional en regiones.

-Relevante es desagregar los presupuestos ministeriales en asignaciones desglosables por región y comuna.

-En la línea de transferencias de recursos desde el gobierno central, se debe considerar un fondo por externalidades negativas.

-En materia de control de los gobiernos regionales, se deben reforzar medidas de transparencia y probidad, con foco en infraestructura.