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El proyecto de ley sobre fútbol amateur, correspondiente al boletín 18.205, fue despachado por la Comisión de Deportes con medidas destinadas a reforzar la seguridad en los torneos, proteger a sus participantes y elevar los estándares de transparencia de las organizaciones.
Entre las disposiciones aprobadas figuran nuevas exigencias para prevenir hechos de violencia, sistemas de control de acceso, protocolos de emergencia y equipamiento para atender accidentes. Las asociaciones nacionales y regionales deberán garantizar condiciones mínimas de seguridad e higiene en las competencias que organicen.
MAYORES EXIGENCIAS DE SEGURIDAD
Las medidas incluyen revisión de pertenencias para impedir el ingreso de alcohol, drogas, armas y otros elementos prohibidos; personal de seguridad; detectores de metales; desfibriladores externos automáticos; insumos de primeros auxilios y personal capacitado para responder ante emergencias.
El texto establece que las asociaciones deberán fijar criterios para identificar encuentros de alta convocatoria. En esos casos, las delegaciones presidenciales podrán exigir medidas adicionales, como cámaras de televigilancia, mejor iluminación y cierres perimetrales.
La propuesta faculta a esas autoridades para exigir seguros adicionales en determinados eventos, considerando sus riesgos, la naturaleza de la actividad y la capacidad económica de las organizaciones involucradas.
REGISTRO DE SANCIONES Y TRANSPARENCIA
Otro componente es la creación de un Registro Nacional del Fútbol Amateur, en el que las organizaciones deberán inscribir las sanciones aplicadas a deportistas, integrantes de cuerpos técnicos, socios y simpatizantes. Estos antecedentes permitirán restringir el ingreso de personas sancionadas a los encuentros bajo su administración.
El proyecto incorpora sanciones por insultos discriminatorios, amenazas y amedrentamiento sistemático contra árbitros, dirigentes y menores de edad.
En materia financiera, las organizaciones deberán informar el origen de sus fuentes de financiamiento, publicar información económica accesible al público y establecer procedimientos formales de rendición de cuentas.
La iniciativa incluye, asimismo, sanciones para quienes ofrezcan, entreguen o reciban beneficios con la finalidad de alterar ilegalmente los resultados de partidos o competencias. Las medidas alcanzan a quienes promuevan estas conductas y a deportistas, árbitros, directivos o colaboradores que participen en ellas.
Además, se propone destinar una parte de los recursos obtenidos por la explotación económica de la selección nacional al desarrollo del fútbol amateur, con prioridad para las categorías femenina, infantil y juvenil.
Las nuevas obligaciones tendrán una implementación gradual. Las organizaciones dispondrán de doce meses para adecuar sus reglamentos y procedimientos, mientras que las municipalidades tendrán seis meses para dictar las ordenanzas previstas.
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