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La disminución de los homicidios en la región del Biobío durante 2026 ha sido uno de los antecedentes destacados por las autoridades en materia de seguridad pública. Sin embargo, más allá de los balances generales, las cifras plantean una interrogante relevante: ¿qué está cambiando realmente en las dinámicas de violencia y cuánto de estos resultados puede atribuirse a las estrategias implementadas durante los últimos años?
La respuesta no es sencilla. Los homicidios asociados al crimen organizado, aquellos derivados de conflictos interpersonales y otros delitos violentos responden a circunstancias diferentes, que requieren tanto estrategias de persecución penal como medidas de prevención específicas.
En la provincia de Biobío, los antecedentes entregados por la Fiscalía permiten observar estas diferencias. Hasta la primera semana de noviembre se contabilizaban 16 homicidios, uno menos que en igual período de 2025. De ellos, seis estaban vinculados al crimen organizado, mientras que los diez restantes respondían a otras dinámicas delictuales o interpersonales.
La distribución territorial también entrega señales importantes: ocho de estos asesinatos ocurrieron en Los Ángeles, comuna que concentra la mitad de los casos provinciales.
Aunque estas cifras ya forman parte de los balances de seguridad, su interpretación abre una discusión más profunda sobre las características de la violencia, el trabajo investigativo y los desafíos que enfrentan las instituciones para prevenir nuevos delitos.
Para el fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal de la Región del Biobío y coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Michelangelo Bianchi Negrón, uno de los aspectos relevantes del comportamiento de los homicidios durante este año es la menor participación de hechos asociados a organizaciones criminales.
Según el persecutor, esta composición representa un cambio respecto de lo observado durante 2024 y 2025, cuando una mayor proporción de los homicidios provinciales estaba vinculada a estructuras criminales.
La distinción es relevante porque no todos los asesinatos presentan las mismas características ni pueden investigarse bajo una lógica común.
En los hechos relacionados con el crimen organizado, la Fiscalía considera elementos como la utilización de armas de fuego, disputas territoriales, ataques desde vehículos, cantidad de disparos y existencia de múltiples víctimas. Estos antecedentes permiten orientar las investigaciones hacia posibles estructuras delictuales y no solamente hacia quienes ejecutan directamente los ataques.
En ese contexto, el trabajo de ECOH busca identificar a los responsables, establecer vínculos entre integrantes de organizaciones criminales y determinar las actividades que permiten su funcionamiento.
Para ello, mantiene coordinación con la Brigada de Homicidios y unidades especializadas en drogas de la Policía de Investigaciones, además de los equipos OS9 y OS7 de Carabineros. Las investigaciones por tráfico de drogas, armas y lavado de activos forman parte de los antecedentes que permiten reconstruir estas redes.
Bianchi destacó que uno de los avances ha sido reducir la cantidad de homicidios cuyos autores permanecían sin identificar.
"Una de las labores fundamentales de la creación del ECOH fue precisamente superar la brecha que existía en sujetos cuya identidad se desconocía como autores de homicidios", sostuvo.
A juicio del fiscal, la individualización de imputados, su presentación ante los tribunales y la obtención de medidas cautelares y condenas han contribuido a enfrentar los homicidios asociados a organizaciones criminales.
Sin embargo, esta evolución también pone de manifiesto otra dimensión del problema: una parte importante de los asesinatos responde a conflictos que no necesariamente se relacionan con estructuras criminales y que, por lo tanto, requieren intervenciones diferentes.
Esta distinción es precisamente uno de los aspectos que considera fundamentales Hugo Contreras, profesor investigador de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.
El académico advierte que analizar los homicidios únicamente a partir de sus aumentos o disminuciones puede conducir a interpretaciones incompletas sobre la realidad delictual y los resultados de las políticas públicas.
Su planteamiento apunta a que las estrategias de seguridad no necesariamente tienen el mismo impacto sobre todas las expresiones de violencia.
Mientras los homicidios vinculados a organizaciones criminales pueden abordarse mediante investigaciones especializadas, persecución de redes delictuales y control territorial, aquellos originados en riñas, conflictos familiares o situaciones interpersonales requieren también respuestas relacionadas con la prevención de la violencia y la intervención de factores sociales.
La diferencia no implica establecer categorías de mayor o menor gravedad. Por el contrario, permite reconocer que detrás de un mismo indicador estadístico existen circunstancias diversas, cuya prevención demanda herramientas distintas.
Para Contreras, esta mirada resulta especialmente importante al evaluar los recursos destinados a seguridad pública. Una disminución general de homicidios no permite determinar, por sí sola, qué intervenciones están funcionando ni cuáles son los ámbitos donde persisten mayores dificultades.
De allí la necesidad de observar no solamente cuántos delitos ocurren, sino también sus motivaciones, características y evolución en el tiempo.
Desde el Gobierno, el balance regional ha sido presentado como una señal positiva del trabajo desarrollado por las instituciones de seguridad.
El seremi de Seguridad Pública, Richard Soto, destacó que durante 2026 se contabilizan 68 casos de homicidio y 69 víctimas en la Región del Biobío, frente a 85 casos y 85 víctimas registrados en el período comparable de 2025.
Para la autoridad, estos antecedentes reflejan el resultado de una estrategia basada en la coordinación institucional, el despliegue policial y el fortalecimiento de las acciones de control territorial.
El seremi también destacó el aumento de las detenciones efectuadas por ambas policías, con 504 detenidos adicionales por parte de Carabineros y 821 detenciones más registradas por la PDI respecto del año anterior.
A ello se suma la recuperación de espacios públicos mediante el Plan Escudo de Barrio, que contempla intervenciones en cinco comunas de la región, entre ellas Los Ángeles.
No obstante, una de las dificultades al analizar estos resultados consiste en establecer cuánto de la reducción de los delitos responde directamente a determinadas políticas y cuánto puede estar influido por otros factores.
Contreras abordó esta discusión a propósito del Plan Calle Sin Violencia, implementado desde 2023 y que consideró a Los Ángeles entre las comunas priorizadas.
El investigador explicó que existe una coincidencia temporal entre la puesta en marcha de esta iniciativa y la disminución nacional de los homicidios asociados a grupos organizados o pandillas. Según los antecedentes expuestos, esta categoría pasó de 146 casos en 2023 a 75 en 2024 y 63 durante 2025.
Sin embargo, advirtió que esa evolución no permite establecer automáticamente una relación causal entre el programa y la reducción de los asesinatos.
La participación simultánea de distintas instituciones, junto con las dificultades para evaluar los resultados de determinadas intervenciones, obliga a mantener cautela al momento de atribuir su efectividad.
En ese sentido, el académico valoró que la reformulación de la estrategia bajo el nombre de Plan Foco considere una mayor focalización territorial y la incorporación de indicadores que permitan medir sus resultados.
"Cuando tú tienes efectivamente un propósito claro, tú transformas eso en un indicador, haces un seguimiento y te pones metas", explicó.
El planteamiento instala una discusión que trasciende los balances periódicos: la necesidad de contar con información suficiente para identificar qué medidas producen resultados, cuáles deben fortalecerse y dónde es necesario modificar las estrategias.
Aunque los homicidios constituyen uno de los principales indicadores utilizados para evaluar la seguridad pública, no son la única manifestación de violencia que preocupa a las instituciones.
Los secuestros representan otro ámbito de atención, particularmente por las distintas circunstancias en que pueden producirse y su eventual vinculación con actividades del crimen organizado.
En la provincia de Biobío, las denuncias por este delito pasaron de 14 durante 2025 a 17 en lo que va de 2026, de acuerdo con los antecedentes entregados por el fiscal Bianchi.
El persecutor precisó que no todos los hechos inicialmente denunciados como secuestros mantienen necesariamente esa calificación jurídica durante el desarrollo de las investigaciones. Del total provincial, seis casos están siendo investigados actualmente por ECOH como secuestros extorsivos.
A nivel regional, en tanto, los registros muestran una disminución de 55 a 46 casos.
Estos antecedentes refuerzan la importancia de distinguir las características de los delitos antes de establecer conclusiones generales sobre su evolución.
En el caso de ECOH, la investigación de secuestros extorsivos forma parte de una estrategia más amplia de persecución del crimen organizado, que también considera homicidios consumados y frustrados, tráfico de drogas, armas y otros delitos vinculados al funcionamiento de estructuras criminales.
El propósito no se limita a identificar a los responsables de hechos específicos, sino también a afectar las capacidades económicas y operativas de las organizaciones que puedan estar detrás de ellos.
Los antecedentes de 2026 muestran una disminución regional de los homicidios y una composición distinta de estos delitos en la provincia de Biobío. Sin embargo, también evidencian que la evolución de la violencia no puede comprenderse exclusivamente mediante cifras globales.
La persecución del crimen organizado exige investigaciones especializadas, coordinación policial y capacidad para desarticular estructuras delictuales. Los homicidios interpersonales, en cambio, plantean desafíos que también involucran prevención, intervención social y respuestas frente a conflictos que pueden escalar hasta consecuencias fatales.
A ello se suma la necesidad de evaluar las políticas públicas con indicadores que permitan distinguir los resultados de cada estrategia y evitar conclusiones basadas únicamente en variaciones estadísticas.
Para la provincia de Biobío, donde Los Ángeles concentra la mitad de los homicidios contabilizados durante este año, el desafío adquiere una dimensión especialmente territorial.
Conocer dónde ocurren los delitos, cuáles son sus características y qué factores intervienen en ellos constituye una condición necesaria para orientar las respuestas institucionales.
Porque, aunque una disminución de los homicidios representa una señal positiva, el verdadero desafío de la seguridad pública no termina en mejorar las estadísticas. También exige comprender las distintas formas que adopta la violencia y desarrollar respuestas capaces de prevenirla antes de que cobre nuevas víctimas.
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