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Cerca de un centenar de personas participó en horas de mañana de ayer, en una marcha en apoyo a Carabineros de Chile en Los Ángeles, convocada a nivel nacional.
La iniciativa también coincide con la muerte del suboficial mayor Jaime Urrea Burgos, quien falleció el pasado 4 de octubre luego de recibir un disparo durante un procedimiento policial por violencia intrafamiliar en la comuna de Quilleco.
La movilización reunió a familiares de funcionarios policiales y representantes de la comunidad, quienes se congregaron a las 10:00 horas en la Plaza de Armas para manifestar su respaldo a la institución y a quienes diariamente cumplen labores de seguridad.
La actividad fue organizada por Magdalena Medina, quien es nieta, hermana, prima, tía y madre de un funcionario de Carabineros.
Medina explicó que la iniciativa surgió a partir de una convocatoria que inicialmente se pensaba realizar en Santiago, pero que comenzó a replicarse en distintos puntos del país.
Según detalló, los participantes caminaron de manera ordenada desde la Plaza de Armas hasta la unidad policial, donde se realizó un homenaje con la entonación del himno de Carabineros.
"Estoy más que contenta porque ha sido más de las otras veces que yo he participado en las marchas. Yo creo que alrededor de 100 personas", señaló Medina, quien valoró la convocatoria y la participación de personas que quisieron expresar su respaldo a los funcionarios policiales.
Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la presencia de Melody Piña, viuda del suboficial mayor Jaime Urrea Burgos, quien acompañó la movilización junto a su madre.
Su participación permitió poner rostro al dolor que deja la muerte de un funcionario policial y al impacto que este tipo de hechos tiene en sus familias.
La esposa del uniformado reconoció que enfrentar una pérdida de estas características es una experiencia difícil de dimensionar hasta que afecta directamente al propio hogar.
Pese al dolor, Piña agradeció las muestras de afecto recibidas durante estos días y destacó el valor que tiene sentirse acompañada en medio del duelo.
"Se agradece y se fortalece uno con el cariño de las personas, sabiendo que no están solos, no solo mi marido, sino que sus colegas. Así que a cuidarlos nomás y seguir apoyando a Carabineros de Chile", manifestó.
La viuda también dirigió un mensaje a las familias de los funcionarios que actualmente se encuentran en servicio, llamándolas a valorar el tiempo que comparten con ellos y a no dar por sentado que siempre regresarán a casa.
"A cuidarlos y protegerlos y disfrutarlos, porque uno nunca sabe cuándo nos van a volver", afirmó.
En esa línea, reconoció que, aunque las familias conocen los riesgos asociados al trabajo policial, nunca están completamente preparadas para enfrentar una tragedia.
Finalmente, entregó un mensaje de fortaleza a quienes viven junto a funcionarios policiales: "Así que de hartas fuerzas, disfrútenlos todos y aprovechen al máximo con cada uno de ellos".
La marcha se realizó días después del funeral del sargento segundo Jaime Urrea Burgos, de 40 años, cuyo fallecimiento generó conmoción y motivó muestras de cariño y solidaridad hacia su familia y la institución policial. El Gobierno decretó duelo nacional tras su muerte.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público durante la audiencia de formalización, el hecho ocurrió cerca de las 23:10 horas del domingo 4 de octubre, cuando funcionarios de Carabineros concurrieron a un domicilio de Quilleco por una denuncia de violencia psicológica en contexto de violencia intrafamiliar.
Según la Fiscalía, el imputado permanecía encerrado en un dormitorio cuando los funcionarios llegaron al inmueble. En esas circunstancias, habría abierto repentinamente la puerta y disparado con una escopeta contra Urrea.
El funcionario recibió una herida penetrante torácica que le provocó la muerte, pese a la atención médica recibida.
El jueves 8 de octubre, el Juzgado de Garantía de Los Ángeles decretó la prisión preventiva para el hombre, imputado como presunto responsable del delito consumado de homicidio de carabinero en servicio, con la calificante de alevosía. El tribunal consideró que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación.
Mientras la causa continúa su curso judicial, la movilización realizada en Los Ángeles se convirtió en una instancia de apoyo para los funcionarios policiales y sus familias, con un mensaje marcado por la solidaridad y la necesidad de valorar a quienes enfrentan diariamente los riesgos de su labor.
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