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El exdefensor Patricio Gutiérrez quedó con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados, incluida su esposa. El tribunal fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.
Hace una semana, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Ñuble, por instrucción del Ministerio Público, detuvo a las abogadas Susana Cortés y Andrea Romero, al exjefe de la Defensoría Penal Pública Patricio Gutiérrez —esposo de Cortés— y al funcionario del Juzgado de Garantía de Los Ángeles Nelson Sáez, por delitos de asociación criminal y otros vinculados al sistema de justicia penal. Sáez quedó con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados.
Las abogadas Cortés y Romero y el exdefensor Gutiérrez fueron formalizados por asociación criminal, lavado de activos, acceso indebido a sistemas informáticos y sobornos, entre otros delitos.
Susana Cortés y Andrea Romero fueron formalizadas además por tráfico ilícito de drogas, tráfico ilícito de armas de fuego, obstrucción a la investigación y prevaricación del abogado.
En tanto, Patricio Gutiérrez fue formalizado por revelación de secretos, mientras que Nelson Sáez enfrentó cargos por cohecho reiterado.
Este jueves y tras una extensa jornada de réplicas tanto del Ministerio Público como de los abogados defensores de los tres imputados, la jueza Claudia Aguilera González, en calidad de magistrada suplente, resolvió que en el caso de las abogadas Susana Cortés y su exsocia Andrea Romero, quedaran con la medida cautelar de prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita criminal, obstrucción a la justicia y acceso individual a la información, estas últimas, en forma reiterada.
Asimismo, revelación de secreto, prevaricación del abogado y lavado de activos, entre otros.
"El día de hoy (jueves), se resolvió decretar la medida cautelar de prisión preventiva respecto de las dos socias de este estudio jurídico, Romero y Cortés, quienes quedaron privadas de libertad en razón de que este tribunal estimó que su libertad constituía un peligro para la sociedad y que además era necesaria e idónea la medida en razón de que el accionar previo de las encartadas constituía presumiblemente un peligro para el éxito también de la investigación" aseveró la magistrada.
En el caso de Patricio Gutiérrez, se llegó al acuerdo de dejarlo con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, y prohibición de comunicación con los intervinientes, incluso con su esposa, la abogada Susana Cortés.
La fiscal de Ñuble Nayalet Mansilla, a cargo de la investigación, se manifestó conforme con la resolución del tribunal angelino.
Según dijo, se solicitó prisión preventiva para los tres abogados; sin embargo y con la cautelar otorgada a Gutiérrez, considera que cautelan de cierta forma también los fines del procedimiento y lo que ellos como órgano persecutor, esperaban en esta causa.
Consultada sobre la situación del ex fiscal Rodrigo Durán, esposo de Andrea Romero y la jueza Cherie Palomera, cuyos nombres figuran en esta investigación, la fiscal Mansilla recordó que está pendiente la presentación de una querella de capítulos, vale decir, un procedimiento criminal especial en Chile, que está regulado por el artículo 424 del Código Procesal Penal, utilizado para ejercer la responsabilidad penal contra jueces, fiscales judiciales y fiscales del Ministerio Público por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
"Hay que hacer algunos trámites anteriores de la formalización que tienen que ver precisamente con las querellas de capítulo y obviamente esas diligencias aún están pendientes y algunas otras diligencias que quieran parar a algunos delitos" explicó Mansilla.
Respecto al tiempo de demora de dicho trámite, la persecutora indicó que son plazos que define la Corte de Apelaciones de Concepción.
En esta última jornada, el abogado José Luis Andrés Alarcón, defensor de Andrea Romero, fue el único de los representantes de los investigados que realizó declaraciones a la prensa.
Andrés destacó que el tribunal descartó los delitos de tráfico de drogas, tráfico de armas, cohecho y lavado de activos en el caso de su defendida.
Sin embargo, la fiscal Mansilla discrepó de esa lectura. Explicó que los hechos que el Ministerio Público calificó como tráfico de armas y drogas fueron recalificados por el tribunal como obstrucción a la investigación, por lo que a su juicio no fueron descartados.
Por su parte, el abogado Andrés sostuvo que la prisión preventiva decretada es desproporcionada, argumentando que su defendida no necesita estar privada de libertad para que la investigación concluya satisfactoriamente. Por ello, anunció que impugnarán la decisión del tribunal.
José Luis Andrés, insistió en que, pese a dos años de investigación con un equipo especializado, el Ministerio Público no ha logrado, a su juicio, acreditar que su defendida, tenga vinculación con el tráfico de drogas o de armas.
"Esto fue una imputación que el Ministerio Público planteó de manera artificial y que no se sostiene en los antecedentes. Creo que sí estuvimos ante conductas impropias, como fue acceder a la base de datos de la Defensoría, pedirle a un funcionario que acomodara salas según lo que pedían, pero esas conductas no configuran los delitos penales que plantea el Ministerio Público" insistió.
Acerca del patrimonio económico de su representada, donde el Ministerio Público investiga un posible lavado de activos, entre ellos la compra de un departamento en Concepción, el abogado José Luis Andrés enfatizó que todo lo obtenido es de manera legal.
"El Ministerio Público, de manera infundada, planteó que todos sus ingresos eran ilícitos y por lo tanto estaban cometiendo el delito de lavado de activos. Y el tribunal lo descartó porque el Ministerio Público no entregó los antecedentes suficientes para acreditar un delito de ese tipo, a pesar, reitero, de tener todos los informes patrimoniales de mi representada, los informes de la Brigada de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones, y no tuvo los antecedentes suficientes para que el tribunal lo diera por establecido. Todo el patrimonio de doña Andrea es ilícito y lo ha obtenido con el fruto de su trabajo" señaló el jurista.
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