Representantes del Biobío cuestionaron la demora en la investigación por eventuales nexos con el narcotráfico que involucra a un fiscal adjunto, una jueza, un defensor penal y dos abogadas. La causa se encuentra a cargo de la Fiscalía Regional de Ñuble y se acerca a los dos años sin formalizaciones, lo que motivó el envío de oficios desde el Congreso.
La causa ha motivado pronunciamientos y gestiones formales desde el ámbito legislativo, en un contexto de investigación penal en curso y revisión de eventuales responsabilidades institucionales. / La Tribuna
Parlamentarios del Biobío expresaron su preocupación por la falta de avances en la investigación penal que afecta a la Fiscalía Local de Los Ángeles, causa que se aproxima a dos años desde su inicio y que indaga presuntos vínculos con organizaciones dedicadas al narcotráfico.
El caso derivó en la destitución del fiscal adjunto Rodrigo Durán y del entonces defensor penal jefe de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez, tras sumarios administrativos. En el ámbito penal, la causa —a cargo de la Fiscalía Regional de Ñuble— mantiene como imputados al propio Durán, al exdefensor Gutiérrez, a las abogadas Andrea Romero Jara y Susana Cortés Karmy, y a la jueza de Garantía de Los Ángeles, Cherie Palomera, quien además enfrenta una investigación administrativa paralela instruida por la Corte de Apelaciones de Concepción.
Hasta ahora, no se registran personas formalizadas.
CUESTIONAMIENTOS POR LA LENTITUD
En entrevista con La Tribuna, el diputado del distrito 21, Cristóbal Urruticoechea (PNL), señaló que la demora del proceso puede tener distintas causas y manifestó su preocupación ante un eventual cambio de autoridades sin resoluciones claras.
"Aquí pueden darse dos situaciones. La primera es entender que se están realizando todas las diligencias necesarias y que eso ha demorado la causa. La otra es pensar que tal vez no se está haciendo todo lo necesario. A mí lo que me preocupa es que va a haber un cambio y que la fiscal regional se vaya sin que esto haya sido resuelto", señaló.
El senador por la circunscripción 10, Gastón Saavedra (PS), coincidió en la necesidad de acelerar las diligencias y subrayó el impacto que este tipo de investigaciones tiene en la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia.
"Es preocupante observar la lentitud en el desarrollo de la investigación penal. La ciudadanía espera que las instituciones encargadas de impartir justicia actúen con celeridad, transparencia, rigurosidad y credibilidad, sobre todo cuando están en juego la confianza pública y el correcto funcionamiento de las instituciones", comentó.
Gastón Saavedra.
IGUALDAD ANTE LA LEY
Respecto de la gravedad de los hechos investigados, que incluyen presuntas filtraciones de información hacia defensas vinculadas a la banda criminal conocida como "Los Corbata", los parlamentarios recalcaron la necesidad de que las responsabilidades se determinen sin distinciones.
"Es un caso tan grave que, si se comprueba, lo más importante es que se cumpla la ley. Tiene que quedar claro que la ley es para todos los chilenos, sin distinguir condición, profesión ni cargo", sostuvo Urruticoechea.
Cristóbal Urruticoechea.
Por su parte, el senador Saavedra advirtió que la falta de definiciones oportunas puede derivar en una percepción de impunidad o encubrimiento institucional.
"Esta situación es gravísima al involucrar a personas que desempeñaban funciones en órganos de justicia como los tribunales, la Defensoría y el Ministerio Público", indicó.
La diputada del distrito 21, Flor Weisse (UDI), informó que ha iniciado gestiones formales ante la Fiscalía Nacional con el objetivo de conocer el estado actual de la investigación y solicitar mayor claridad respecto de las diligencias en curso.
"He seguido con mucha atención la situación que afecta a la Fiscalía de Los Ángeles y, ante la falta de claridad en los avances de la investigación, he oficiado y solicitado una audiencia con el fiscal nacional para conocer directamente en qué estado se encuentran estas diligencias", señaló.
Flor Weisse.
Agregó que su principal preocupación es "que se llegue a resultados concretos, que se transparente lo ocurrido y, al mismo tiempo, se entregue tranquilidad a los funcionarios del Ministerio Público que no están involucrados en estos hechos".
DEBATE POR REFORMAS AL SISTEMA DE JUSTICIA
Más allá de este caso en particular, los parlamentarios plantearon la necesidad de revisar aspectos estructurales del sistema judicial y del Ministerio Público, con énfasis en los mecanismos de nombramiento, control interno y asignación de recursos.
"El Poder Judicial necesita una renovación. Deben existir otras formas y otros sistemas para acceder a los cargos. Creo que ese es el único camino para impulsar cambios de fondo en el sistema judicial de nuestro país", afirmó.
El diputado añadió que cualquier reforma debe considerar distintos factores institucionales.
"Esto tiene que ver con cómo llegan los jueces a sus cargos, cómo funcionan los fiscales y cuál es la dotación económica que se le entrega al Ministerio Público. Es un conjunto de aspectos que hoy podrían ser perfectamente mejorados", explicó.
Cristóbal Urruticoechea.
Breve cronología de los hechos
21 de abril de 2024: se informa sobre allanamientos en dependencias de la Fiscalía Local de Los Ángeles, en el marco de diligencias vinculadas a una investigación penal en curso.
27 de abril de 2024: se da a conocer el apartamiento de funciones de funcionarios de la Fiscalía Local de Los Ángeles, entre ellos la entonces fiscal jefe María Gemita Rojas y el fiscal adjunto Rodrigo Durán.
Durante mayo de 2025: se revelan informes de la División de Informática de la Fiscalía Nacional, los que confirmaron que el fiscal Durán realizó consultas en el sistema interno sobre imputados que no estaban bajo su cargo.
9 de septiembre de 2025: se informa la destitución del fiscal adjunto Rodrigo Durán, tras un sumario administrativo instruido por el Ministerio Público.
14 de octubre de 2025: se comunica la destitución del entonces defensor penal jefe de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez, luego de una investigación administrativa.
Quién es quién en la investigación y vínculos
Rodrigo Durán: fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Los Ángeles al momento de los hechos; cónyuge de Andrea Romero Jara, abogada particular vinculada a la defensa de imputados en causas de narcotráfico.
Patricio Gutiérrez: jefe de la Defensoría Penal Pública de Los Ángeles al momento de los hechos; cónyuge de Susana Cortés Karmy, abogada particular y socia de un estudio jurídico que ha representado a imputados por delitos de narcotráfico.
María Gemita Rojas: fiscal jefe de la Fiscalía Local de Los Ángeles al inicio de las diligencias conocidas en 2024.
Cherie Palomera: jueza de Garantía del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, incluida en la investigación penal y sujeta a una indagatoria administrativa paralela.
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