El proceso de reordenamiento impulsado por la Municipalidad de Los Ángeles, cuyo objetivo era regular los espacios utilizados por los comerciantes de la feria Santiago Bueras y otorgar mayor tranquilidad a los vecinos del sector durante los días de funcionamiento, terminó generando un profundo descontento entre los feriantes del lugar.
Ese malestar se concretó públicamente durante la mañana de este martes, cuando se desarrolló una masiva manifestación pacífica en las puertas del edificio consistorial mientras sesionaba el Concejo Municipal, instancia en la que los participantes expusieron sus inquietudes con cánticos, bombos y pancartas respecto de las nuevas medidas implementadas por la administración comunal para reorganizar el funcionamiento de la tradicional feria angelina.
Pese al frío y a las lluvias pronosticadas para la jornada, cerca de 150 comerciantes llegaron hasta el municipio para expresar su preocupación ante una eventual reducción de cupos que —según denunciaron— podría dejar fuera a más de 200 trabajadores y sus respectivas familias.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO
El proceso de reorganización surgió en medio de cuestionamientos por el crecimiento descontrolado de la feria durante los últimos años, situación que, según el municipio, ha generado problemas de seguridad, congestión vehicular, daños en infraestructura pública y molestias para residentes del sector.
Desde la administración municipal se planteó la necesidad de delimitar los espacios autorizados y actualizar el catastro de comerciantes habilitados para trabajar en la feria.
Sin embargo, la medida encendió rápidamente las alarmas entre los sindicatos feriantes, particularmente en el Sindicato N°6, cuyos integrantes aseguran que la nueva distribución considera únicamente 355 cupos, pese a que actualmente el gremio reúne a más de 550 personas.
RECLAMOS POR CRITERIOS UTILIZADOS
Uno de los principales cuestionamientos de los feriantes apunta a los criterios utilizados para determinar quiénes podrán seguir trabajando. Según los dirigentes, el municipio estaría utilizando registros antiguos y antecedentes socioeconómicos vinculados al Registro Social de Hogares para definir la permanencia de los comerciantes.
Los afectados sostienen que aquello perjudica especialmente a familias que, pese a haber mejorado parcialmente su situación administrativa, continúan dependiendo de la feria como principal fuente de ingresos.
También acusan que no se consideraron actualizaciones realizadas durante los últimos años, incluyendo fallecimientos, reemplazos familiares y modificaciones informadas oportunamente a la organización.
"Llevamos 33 años trabajando en el mismo lugar,", reiteraron varios manifestantes durante la protesta.
REUNIÓN POSTERIOR A LA PROTESTA
Tras la manifestación, la representante del sindicato sostuvo una reunión con el administrador municipal, Raúl Fuentes, instancia en la que -según palabras de la dirigenta- se acordó revisar caso a caso la situación de los comerciantes que actualmente no figuran dentro de los cupos autorizados.
Según detalló María Zúñiga al término del encuentro, no se realizarán fiscalizaciones definitivas mientras no concluya el proceso de revisión.
Desde el municipio, en tanto, el alcalde José Pérez Arriagada defendió la necesidad de ordenar el funcionamiento de la feria, argumentando que vecinos del sector han manifestado reiteradas molestias por el impacto de la actividad en la vida cotidiana del barrio.
Asimismo, agregó que el objetivo del reordenamiento es compatibilizar el desarrollo de la actividad comercial con mejores condiciones de seguridad y convivencia para quienes residen en el sector.
Entre los problemas mencionados por la autoridad comunal se encuentran el bloqueo de accesos domiciliarios, dificultades para el ingreso de vehículos de emergencia, ruidos durante la madrugada y daños provocados al mobiliario público y a la plaza del sector por los camiones que concurren para comerciar.