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El alcalde de Quilaco y presidente de la Asociación de Municipios Cordilleranos de Biobío (Amcordi) Pablo Urrutia, señaló a La Tribuna que la reacción violenta de algunas personas se da muchas veces por el desconocimiento de cómo funciona una corporación edilicia.
Como ejemplo, señaló que muchas veces los jefes comunales son increpados o amenazados por personas que reciben una multa de tránsito por parte del Juzgado de Policía Local, que, si bien administrativamente depende del municipio respectivo, es una decisión autónoma de cada juez.
Como ejemplo concreto, Urrutia recuerda que en una ocasión debió intervenir personalmente para evitar que una conductora arrojara a un juez de policía local por las escaleras de la municipalidad.
"Créanme que nosotros tampoco hemos estado ajenos a esto. Cuando el inspector municipal debe fiscalizar una ampliación irregular, estos procesos no le gustan a la gente. Y cuando tenemos que entregar información a la PDI o Carabineros porque encuentran droga en una casa, y después les incautan esa droga, vienen a reclamarle al alcalde que no los dejan emprender", relató.
Lo más difícil, añadió Urrutia, es explicarles a esas mismas personas que lo que hacen está mal y que como autoridad, su deber es representar a toda la ciudadanía, no solo a quienes reclaman.
Pero no solo casos de personas que son infraccionadas o denunciadas por delitos han proferido amenazas contra la autoridad.
En el caso de Quilaco, el alcalde aseveró que incluso ha sido amenazado e increpado por personas que llegaron a la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) sin conseguir empleo.
"Desde el año 2000 nuestra oficina ha sido amenazada más de una vez. Vienen a reclamarnos que no les dan trabajo, que se inscriben y nunca los llamamos. Y en ese contexto han llegado a pasar a llevar a nuestros funcionarios y a nosotros como alcalde", señaló Urrutia.
Dado que son los propios municipios los que muchas veces deben denunciar ante la justicia a personas que cometen delitos o trafican drogas, el alcalde Pablo Urrutia considera urgente que el Estado otorgue el resguardo necesario para proteger la integridad de las autoridades y sus funcionarios.
"El Estado tiene que apoyar. Si no, la delincuencia nos va a ganar. Para combatirla entre todos, también hay que proteger la primera puerta del Estado, a quienes primero sabemos dónde está el problema", aseveró el jefe edilicio.
El presidente de Amcordi, planteó la posibilidad de contar con un carabinero de punto fijo o guardias privados que brinden seguridad al interior de los edificios consistoriales.
"No tenemos un guardia que proteja a la funcionaria y ataje a la persona que está actuando mal, por lo tanto, considero que los municipios deberían tener ya sea un carabinero, de parte del Estado, o algún funcionario PDI, o simplemente un guardia privado porque nos ha tocado enfrentar momentos incómodos" enfatizó Pablo Urrutia.
Por su parte el alcalde de Mulchén José Miguel Muñoz enfatizó que el crimen organizado actúa no solo en la oscuridad, sino que ha comenzado a infiltrarse en las comunidades locales.
"La sofisticación del modus operandi de las bandas criminales ha llevado a un aumento en las intimidaciones contra los jefes comunales, que nos encontramos expuestos a riesgos constantes. Las amenazas no solo buscan coaccionar decisiones específicas, sino que también establecen un poder de estas bandas criminales en determinadas zonas", afirmó Muñoz.
Ambos jefes comunales coincidieron en que es esencial reforzar los mecanismos de protección para aquellos que luchan por el bienestar de sus comunidades.
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