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El Juzgado Civil de Los Ángeles determinó que la Fundación Educacional Docere —sostenedora del establecimiento— fue negligente en aplicar protocolos de protección, por lo que deberá indemnizar con $7,5 millones a la familia del menor.
El acoso contra Dylan comenzó con burlas constantes, escaló a empujones y terminó en agresiones físicas. En mayo de 2022, el niño fue llevado de urgencias al hospital por una contusión en la pierna izquierda tras un incidente dentro del colegio.
En septiembre, otro hecho de violencia motivó una nueva visita al recinto asistencial comunal.
Las consecuencias físicas se mezclaron con afectaciones psicológicas: angustia, insomnio, episodios de ansiedad, pérdida de apetito y temor persistente de ir al colegio. Los profesionales que lo trataban identificaron que el principal factor de estrés era precisamente el entorno escolar.
Una pediatra dejó constancia clara en su informe: "Su sintomatología puede verse mermada considerablemente de eliminar el estresor que lo genera".
Frente a ello, se recomendó la suspensión total del año académico como medida de protección a su salud mental.
Ante la falta de respuesta efectiva del establecimiento, la familia de Dylan decidió escalar el caso a las instancias correspondientes. Su padre, Cristián Galaz, relató que los protocolos del colegio no se activaron correctamente, pese a las reiteradas solicitudes de intervención.
La respuesta institucional —según se expuso en el juicio— fue que los conflictos entre estudiantes eran "propios de la edad" y que podrían estar relacionados con "la falta de habilidades sociales tras el encierro de la pandemia". El colegio también sostuvo que sí se realizaron intervenciones.
Sin embargo, el tribunal fue categórico: no bastaba con enunciar protocolos, sino que era necesario demostrar su aplicación efectiva, cosa que no se logró acreditar.
En paralelo al proceso judicial, la familia también presentó denuncias ante la Superintendencia de Educación y cuestionó la actuación de los equipos directivos y la validez de los procedimientos seguidos por el colegio.
El juez a cargo del caso determinó que existió responsabilidad extracontractual por parte de la Fundación Educacional Docere. En su fallo, señaló que la entidad no actuó con la diligencia exigida por la ley para garantizar un ambiente seguro para el estudiante, ni demostró haber ejecutado acciones eficaces para frenar el acoso.
Además, consideró fundamental la evidencia clínica que dio cuenta de las secuelas psicológicas que dejó el acoso en el menor.
Como medida reparatoria, el tribunal ordenó el pago de $5 millones al niño afectado, y $2,5 millones a su padre y a su tío, quien además cumplía el rol de apoderado. Estos montos serán reajustados según el IPC y llevarán interés legal hasta su pago total.
El caso sienta un precedente judicial a nivel comunal y reabre la discusión sobre el rol que cumplen los colegios en la protección de niños y niñas. Contar con protocolos no es suficiente si estos no se activan de manera oportuna y eficaz.
La omisión —aunque no sea intencionada— también puede ser sancionada, especialmente cuando existe evidencia de que el entorno educativo afecta directamente la salud física y emocional de un estudiante.
Actualmente, Dylan se encuentra en otro establecimiento educacional, con apoyo terapéutico y acompañado por su entorno familiar. Su padre explica que, incluso hoy, persisten dificultades.
Diario La Tribuna intentó comunicarse con la Fundación Educacional Docere y con el Colegio Santo Tomás para conocer su versión de los hechos, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible obtener una declaración oficial ni confirmar si la institución apelará a la sentencia.
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