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Como es ya común en esquinas, avenidas, ferias y eventos masivos, los puestos de vendedores ambulantes se hacen presentes para ofrecer comida, accesorios, vestimenta o artículos de diversa consideración.
Pero lo que parece una simple actividad para ganarse la vida puede esconder riesgos que van mucho más allá de lo evidente: productos peligrosos, competencia desleal, evasión tributaria y, en algunos casos, redes delictuales organizadas.
El comercio informal y el comercio ilícito no son lo mismo, aunque muchas veces se confundan. El primero corresponde a quienes venden productos lícitos, pero sin cumplir con las normativas laborales, sanitarias, tributarias o municipales.
El segundo, en cambio, implica la venta de bienes prohibidos por ley: artículos falsificados, cigarrillos de contrabando, remedios sin registro o incluso alimentos sin certificación sanitaria.
Esto depende del producto o servicio que se aborde, ya que hay distintas instituciones con competencia.
No obstante, los inspectores municipales presentes en la instancia aseguraron que las entidades encargadas de fiscalizar simplemente no lo realizan o les derivan las responsabilidades a otras instituciones competentes.
Además, expresan que tienen facultades acotadas: pueden solicitar permisos y documentos, pero no requisar mercadería ni detener personas. Carabineros, por su parte, aseguró que suelen apoyar cuando hay denuncia o desorden, pero no siempre tienen las atribuciones específicas para actuar.
Todo esto genera zonas grises y vacíos legales que dificultan controlar efectivamente este tipo de comercio, especialmente en eventos masivos o ferias, donde proliferan puestos sin ningún tipo de control.
En 2022 se promulgó la Ley N° 21.426 que regula el comercio ilegal.
Entre otras cosas, establece que los municipios deben tener una ordenanza específica para otorgar permisos al comercio ambulante autorizado, con un registro único por comuna.
También fija multas y sanciones a quienes vendan sin permiso o distribuyan productos ilícitos.
Sin embargo, la aplicación de la ley ha sido dispareja. Morales explica que mientras algunos municipios han avanzado en crear ordenanzas claras, otros aún operan con normativas antiguas, sin criterios comunes, como es el caso de Los Ángeles.
Lo anterior ha generado desorden y, muchas veces, injusticias: mientras unos comerciantes informales cumplen con los requisitos y pagan derechos, otros operan en la ilegalidad y sin mayor fiscalización, como se ha visibilizado durante los últimos meses en las calles aledañas a la Vega local.
Desde el observatorio impulsado por la CNC se ha trabajado en un modelo de ordenanza municipal que busca uniformar criterios en todo el país.
Este modelo establece, entre otras cosas, una delimitación clara de los lugares permitidos para el comercio ambulante, prohibiciones para productos ilícitos o de alto riesgo, mecanismos de control y sanción, y un rol activo de los municipios en la fiscalización.
La propuesta también considera una mayor articulación con Carabineros y otras autoridades para enfrentar de manera conjunta el problema, especialmente en fechas clave o zonas de alta afluencia.
Muchas veces se pasa por alto, pero el principal perjudicado también puede ser quien compra. Alimentos sin refrigeración, cosméticos vencidos, medicamentos sin registro o juguetes que no cumplen estándares de seguridad son solo algunos ejemplos.
A ello se suman los riesgos asociados al uso de productos electrónicos sin certificación o boleta, en caso de reclamos o fallas.
El especialista aseguró, además, que la compra al comercio irregular también se ubica como un factor predominante para que estas prácticas sigan proliferando, en consideración de factores como precios más accesibles, cercanía con los ciudadanos o simplemente comodidad.
Dentro de las conclusiones del encuentro, se destacó que el desafío del comercio informal y el ilícito no es solo responsabilidad de los municipios o Carabineros.
Su afrontamiento requiere coordinación institucional, voluntad política, normas claras y una ciudadanía informada.
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