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La iniciativa, liderada por la Dirección de Medio Ambiente, será ejecutada en un plazo de 12 meses, con un alcance comunal que incluye sectores como Santa Fe, Millantú y San Carlos Purén.
Aunque el objetivo declarado del proyecto es mejorar la seguridad, la estética y la salud del entorno urbano, el camino para su aprobación no estuvo exento de dudas y polémicas.
El principal punto de fricción fue la adjudicación del contrato a una empresa que, según denunció el concejal e ingeniero forestal José Bermedo, no acreditó experiencia ni presentó indicadores de integridad en su postulación.
Durante su intervención en la comisión, Bermedo fue categórico en advertir sobre los efectos que han tenido las intervenciones previas en el arbolado urbano de Los Ángeles.
Según se especifica en la licitación, el casco urbano de Los Ángeles cuenta con unas 12 mil especies arbóreas susceptibles de intervención. Sin embargo, este proyecto contempla trabajar sobre 4 mil 500 de ellas. También se incluyen labores de reposición con especies acordes a cada zona, especialmente en espacios reducidos o donde existe tendido eléctrico.
Uno de los puntos que generó mayor controversia fue el manejo de los residuos vegetales generados por la tala y poda del arbolado urbano.
Por primera vez en un proceso de este tipo, se exigió a la empresa declarar el destino de estos restos. La firma adjudicataria informó que los trasladaría hasta la provincia de Valdivia, a más de 300 kilómetros de distancia.
Esta medida fue calificada como contradictoria a los principios de sostenibilidad, ya que implicaría un recorrido de ida y vuelta de más de 600 kilómetros por camión, lo que generaría una importante huella de carbono y un gasto significativo en combustible.
Además, hasta la actualidad, no se tiene claridad sobre el tratamiento final de los residuos una vez que lleguen a destino, ni mecanismos efectivos de fiscalización.
Desde la comisión se hizo hincapié en la necesidad de que este tipo de proyectos respeten los principios de sostenibilidad económica, ambiental y social. Se advirtió que muchas veces las podas afectan negativamente a la comunidad, la biodiversidad urbana y la imagen de la ciudad.
También se cuestionó la falta de planificación territorial. El cronograma establece que las primeras intervenciones se concentrarán en los sectores A1 y A3 —correspondientes al centro y centro-sur de la ciudad—, mientras que en el resto de la comuna se actuará según la demanda y las condiciones del arbolado.
Además, este proyecto tiene un plazo de un año, por lo tanto, realizar podas en épocas como el verano, cuando los árboles están en plena floración o crecimiento activo, puede generar un daño severo.
Otro aspecto crítico abordado en la sesión fue la escasa fiscalización que han tenido las podas durante los últimos meses. Se denunció que muchas de estas provienen tanto de licitaciones mal ejecutadas como de intervenciones de empresas privadas —especialmente del sector eléctrico— y de particulares que actúan sin autorización.
A esto se suma la baja respuesta institucional ante denuncias ciudadanas y la poca aplicación de sanciones por este tipo de hechos.
A pesar de los alcances realizados durante la votación de la iniciativa, esta fue finalmente aprobada en consideración de que este tipo de labores no pueden postergarse.
Diario La Tribuna tomó contacto con la Municipalidad de Los Ángeles y su Dirección de Medio Ambiente para conocer más detalles sobre el destino y el procesamiento de los residuos en Valdivia. Sin embargo, tras una semana de espera no se entregó una respuesta oficial.
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