Condena ausente

Señora directora:

¿Usted acecharía el parlamento físicamente para que le aprobaran (sus leyes)? consultó un periodista. Si fuese necesario, también, así de simple respondió el ex candidato Eduardo Artés. Esta distópica y jacobina declaración se dio en medio de la campaña presidencial del 2017, y para muchos fue algo que no pasó de lo pintoresco. Sin embargo, luego de los acontecimientos del 18 de octubre de 2019, pareciese no ser algo lejano.

Hoy, en medio del debate del retiro del 10% de las AFP, hay congresistas, como Giorgio Jackson (RD) y Guido Girardi (PPD), que amenazan con posibles rebrotes de violencia. Al mismo tiempo, diversos parlamentarios han recibido amenazas de muerte (Schalper, Walker, Mulet). Así, el ejercicio legislativo y la política en general están bajo asedio.

Con todo lo anterior, en medio de un proceso constituyente en curso, vale preguntarse; ¿qué libertad de expresión puede tener la ciudadanía en un ambiente de hostilidad?, ¿qué libertad puede tener una persona para postularse a un cargo popular, a sabiendas de a lo que se expone?, y ¿qué libertad van a tener los convencionales (constituyentes) para votar, con la amenaza de un estallido social 2.0 latente?

Por ello, es un deber civilizatorio y vital, especialmente para la izquierda democrática que está por el Apruebo, rechazar sin peros la violencia política, las funas, el amedrentamiento y las amenazas de nuevas protestas, pues con su pasividad u omisión, se suman a la espiral de violencia, que puede teñir el proceso constitucional de ilegitimidad y que los puede abrazar (o abrasar) a ellos también, o si no, pregúntenle a Robespierre.

Javier A. Labrín Jofré

Director Ejecutivo

Fundación Libertad Valparaíso