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En un movimiento estratégico para la modernización del campo chileno y la seguridad alimentaria, el Ministerio de Agricultura, a través del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), presentó este 13 de enero de 2026 una propuesta de resolución destinada a ordenar y transparentar los procedimientos para las Nuevas Técnicas de Mejoramiento (NBT) vegetal. La medida busca resolver un vacío de certeza jurídica al establecer un mecanismo claro para determinar cuándo un material vegetal debe ser tratado como un cultivo convencional y cuándo como un Organismo Genéticamente Modificado (OGM).
La iniciativa, que surge de una colaboración público-privada con actores como ChileBIO, Pensar Agro, ANPROS y Viveros de Chile, no pretende crear una política desde cero, sino formalizar criterios técnicos que el país ha aplicado en la práctica durante los últimos nueve años. Con el inicio de una consulta pública de 60 días, el gobierno apuesta por validar una herramienta que podría reducir drásticamente los tiempos de llegada al mercado de innovaciones agrícolas vitales para enfrentar el cambio climático. Formalización de un liderazgo silencioso
Aunque la resolución es nueva, la práctica no lo es. Según explica Miguel Ángel Sánchez, director ejecutivo de ChileBIO, las actividades con estas técnicas de mejoramiento genético basadas en biotecnología se vienen utilizando en Chile desde el año 2017. "Esto viene a ser una formalización del proceso que ya existe. No es algo nuevo que vaya a partir de cero", aclara el experto, enfatizando que esta medida llega para "sincerar" lo que ocurre en el país.
El núcleo de la propuesta normativa radica en la capacidad de diferenciar biológicamente los productos. Las Nuevas Técnicas de Mejoramiento, como la edición de genes, permiten realizar cambios puntuales y precisos en el ADN propio de una planta sin incorporar genes de otras especies. Esto contrasta con los OGM o transgénicos, que se definen precisamente por la inserción de material genético foráneo.
El director de ChileBIO es enfático en este punto: el objetivo de la norma es evaluar el producto final. "Si el producto no contiene ADN de otro organismo, a pesar de haber sido obtenido con herramientas biotecnológicas, va a ser considerado como un producto convencional, no un OGM", explica Sánchez. Esto significa que dichos productos no necesitarán cumplir con las medidas restrictivas especiales que la ley chilena impone a los transgénicos.
Uno de los impactos más tangibles de esta resolución será la agilización de los procesos de innovación, un factor crítico en un contexto de urgencia climática. Sánchez detalla que las normativas actuales aplicables a los transgénicos pueden alargar el tiempo de liberación comercial a más de una década. "Pueden ser de 10 a 12 años para que un OGM salga al mercado", señala.
En contraste, al obtener la certeza jurídica de que un producto editado no es un OGM, los plazos se reducen dramáticamente. "Un producto podría estar en el mercado entre dos a tres años", afirma Sánchez. Esta diferencia de tiempos es fundamental para desarrollar variedades vegetales capaces de adaptarse rápidamente a sequías, plagas o nuevas enfermedades, fortaleciendo la seguridad alimentaria nacional en tiempo real y no con una década de retraso.
La tecnología regulada por esta norma no solo beneficia al agricultor con mejores rendimientos o resistencias. Según la visión del sector privado y experto, los consumidores verán mejoras directas en sus alimentos. Las nuevas técnicas permiten aumentar el contenido nutricional, como incrementar los ácidos grasos omega-3, vitaminas o proteínas en ciertos cultivos.
Incluso, se abren puertas a soluciones de salud pública. Sánchez ejemplifica con la posibilidad de "eliminar ciertos alérgenos, por ejemplo, eliminar los alérgenos del maní", creando alimentos más seguros para la población. Además, la biotecnología se está utilizando como herramienta de conservación, ayudando a especies en peligro de extinción a resistir enfermedades o condiciones climáticas adversas, lo que supone un beneficio ambiental directo.
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