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En enero de 2024, el Servicio de Impuestos Internos (SII) implementó el reavalúo de bienes raíces agrícolas, justificando que este ajuste —que ocurre cada cinco años— refleja las transformaciones del sector. Sin embargo, para los productores de leche del país, la realidad es otra: lejos de responder a criterios técnicos de producción, este aumento en los avalúos se ha convertido en una amenaza para el desarrollo rural, afectando incluso a terrenos improductivos o usurpados.
"La normativa establece claramente que el avalúo de predios agrícolas debe calcularse en función de su potencial productivo. No obstante, la metodología aplicada por el SII parece ignorar esta disposición, resultando en incrementos considerables que no reflejan la realidad de cada predio. Es una ley que desconoce la realidad productiva", aseguró a La Tribuna el presidente de la Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche), Marcos Winkler.
La situación es especialmente grave en regiones afectadas por sequías prolongadas o problemas de usurpación de terrenos, donde los agricultores han visto aumentar sus contribuciones sin que su capacidad de producción haya mejorado. "¿Cómo puede justificarse un alza tributaria sobre tierras que no generan ingresos o que han sido ocupadas ilegalmente?", cuestiona el dirigente gremial.
"Las contribuciones derivadas de este reavalúo
no solo afectan la liquidez de los productores, sino que, como advierten algunos gremios,se están convirtiendo en una medida expropiatoria encubierta
. Si bien el Estado debe garantizar mecanismos de financiamiento para sus operaciones, no puede hacerlo a costa de destruir la viabilidad económica de quienes alimentan al país", agregó Winkler.Además, el impacto de estos aumentos no se limita al impuesto territorial, sino que se suma a otros tributos, como el impuesto al patrimonio, que los agricultores deben pagar al vender o heredar sus tierras, lo que restringe aún más el crecimiento del sector.
Frente a esta situación, diversos gremios han tomado medidas. La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y el Consorcio Agrícola del Sur (CAS) han iniciado acciones legales contra el SII, exigiendo un cálculo más justo. A su vez, han sostenido reuniones con el Ministerio de Hacienda y representantes de las comisiones de Agricultura del Congreso para encontrar una solución.
A nivel institucional, la Contraloría General de la República ya investiga el proceso de reavalúo y sus posibles irregularidades.
Para el presidente de Fedeleche, esta revisión será clave para determinar si el ajuste aplicado por el SII realmente cumple con los criterios legales y técnicos exigidos. Aseguró que no se trata de oponerse a la recaudación fiscal, sino de exigir que esta sea justa y acorde a la realidad del sector agrícola.
"Mientras los productores enfrentan desafíos como el cambio climático, la falta de financiamiento y la competencia con productos importados, el Estado no puede convertirse en otro obstáculo", sostuvo.
"El gobierno y el Congreso tienen la responsabilidad de oír a los agricultores y corregir esta medida antes de que miles de productores se vean obligados a vender o abandonar sus tierras. El desarrollo agrícola no puede depender de decisiones tributarias mal diseñadas, sino de políticas que fortalezcan y protejan la producción nacional", cerró Winkler.
Marcos Winkler, presidente de Fedeleche
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