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Diversas irregularidades en la gestión administrativa, procesos de licitación y contratación de servicios detectó la Contraloría Regional del Biobío en el Complejo Asistencial "Dr. Víctor Ríos Ruiz" de Los Ángeles.
Ello, tras la emisión de dos auditoría que derivaron en reparos por más de $1.500 millones, además de la apertura de procedimientos disciplinarios y la remisión de antecedentes al Ministerio Público y al Servicio de Impuestos Internos (SII).
Se trata de los informes N°636 y N°700, dados a conocer esta semana, los cuales dan cuenta de una serie de deficiencias en el manejo de recursos públicos, incluyendo pagos sin respaldo, contratación de servicios sin justificación y eventuales vulneraciones al principio de probidad administrativa.
El informe N°636 establece reparos por un total de $1.112.415.223, asociados a gastos insuficientemente acreditados en servicios como aseo, seguridad y vigilancia, así como en convenios de suministro de ferretería, mantención de equipos médicos y apoyo logístico en distintas unidades del hospital. Entre los hallazgos, se detectó el pago en exceso por horas no ejecutadas y la falta de documentación que respalde diversas prestaciones.
Asimismo, se identificaron irregularidades en convenios de mantención, donde las guías de servicio fueron firmadas por personas que no cumplían funciones en el recinto al momento de su emisión, además del pago por mantenciones de equipos dados de baja y la ausencia de registros sobre repuestos utilizados.
La auditoría también evidenció una concentración de funciones en la Unidad de Equipos Médicos, que asumía tareas sin solicitudes formales de otras áreas, además de la elaboración de informes técnicos por personal sin acreditación en la materia.
Otro de los aspectos observados apunta a la participación de jefaturas en múltiples etapas de los procesos de compra, lo que contraviene la normativa vigente. En particular, se estableció que el jefe de la Unidad de Administración de Servicios vulneró el deber de abstención, al emitir certificados de experiencia para empresas licitantes mientras integraba la comisión evaluadora y actuaba como contraparte técnica en contratos con las mismas.
En materia de contrataciones, la Contraloría detectó que el hospital realizó adquisiciones por más de $477 millones mediante trato directo sin justificar la inexistencia de otros proveedores.
Asimismo, se contrataron servicios de personal especializado durante 2023 y 2024 bajo esta modalidad, sin resoluciones que avalaran su pertinencia ni acreditaran la idoneidad técnica, pese a tratarse de funciones propias del establecimiento.
Una situación similar se constató en la contratación del servicio de orientadores de atención al público por más de $141 millones, así como en la provisión de personal de apoyo en el Departamento de Abastecimiento, cuyas labores corresponden a funciones habituales del recinto asistencial.
Por su parte, el informe N°700 determinó irregularidades adicionales por un total de $798.305.750, relacionadas principalmente con pagos sin respaldo documental en convenios de mantención de obras menores y reparación de infraestructura.
Entre los hallazgos, se detectó el pago de más de $563 millones sin documentación suficiente que permitiera verificar la ejecución de los trabajos, así como otros $215 millones en convenios de mantención de techumbres y sistemas de aguas lluvia, también sin respaldo que permitiera su revisión en terreno.
Además, se constató el pago por la instalación de seis bombas sumergibles sin evidencia física ni gráfica de su recepción, y un pago en exceso de más de $8 millones por obras que no se ejecutaron en su totalidad.
La Contraloría concluyó que estas irregularidades vulneran los principios de eficiencia, eficacia y control en el uso de recursos públicos. En consecuencia, instruyó la formulación de reparos, el inicio de sumarios administrativos y el envío de los antecedentes al Ministerio Público para determinar eventuales responsabilidades penales.
Finalmente, el organismo fiscalizador advirtió que en un contrato de conservación de dependencias del área de Oncología se otorgó una prórroga sin respaldo documental, lo que impidió aplicar sanciones económicas al proveedor.
A través de un comunicado, desde el Complejo Asistencial "Dr. Víctor Ríos Ruiz" sostuvieron que -durante las últimas horas- recibió el resultado de dos auditorías de la Contraloría General de la República, las que ya son de público conocimiento.
Las situaciones expuestas en los mencionados informes corresponden a hechos ocurridos entre los años 2022 y 2024.
"Cabe destacar que estos antecedentes fueron denunciados oportunamente ante diferentes instituciones —entre ellas el Ministerio Público, la UAF y la propia Contraloría— por las autoridades de turno del centro asistencial y del Servicio de Salud Biobío durante el año 2024, la que dio inicio a este proceso de fiscalización, derivando en una serie de sumarios administrativos que, de forma interna, ya se encuentran en su etapa final", relataron desde el centro hospitalarios.
De igual forma, agregaron que -tras la recepción de las auditorías por parte del ente contralor- "nuestros equipos de Asesoría Jurídica y Auditoría Interna ya se encuentran verificando si corresponde instruir procedimientos disciplinarios adicionales vinculados a los hallazgos del periodo anteriormente mencionado".
Finalmente, resaltaron que tanto el equipo directivo del Complejo Asistencial y como del Servicio de Salud Biobío se mantienen a entera disposición de las entidades que requieran mayores antecedentes al respecto. "En ese sentido, ambas instituciones refuerzan su compromiso con la transparencia, la probidad y el riguroso cuidado de los recursos fiscales", puntualizaron.
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