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Los resultados de la última entrega de la encuesta Criteria de noviembre de 2026 confirman no solo una erosión acelerada de la base de apoyo gubernamental, sino la articulación de un clima de descontento que cruza de manera transversal el tablero político, alimentado por el flanco judicial en el gabinete, la parálisis del transporte y una profunda incertidumbre material en los hogares.
El Mandatario tocó fondo en su serie histórica al retroceder al 18% de respaldo popular, mientras que la desaprobación a su conducción se empinó hasta el 72%.
El fenómeno describe un desgaste estructural: la pérdida de adhesión ya no responde únicamente a la polarización tradicional, sino a la incapacidad del oficialismo para contener crisis sectoriales simultáneas que han golpeado directamente la credibilidad institucional del Ejecutivo.
El factor detonante del malestar político se concentra en el Ministerio de Justicia. Tras reconocerse oficialmente el «error en el otorgamiento de las rebajas de condena», la permanencia de Fernando Rabat al frente de la cartera se convirtió en una carga insostenible para el Ejecutivo.
Un 79% de la ciudadanía exige su salida inmediata del gabinete, una demanda que fracturó incluso al electorado oficialista, donde un 64% de los votantes identificados con la derecha se pliega al rechazo a su continuidad.
Este quiebre de confianza pavimentó el camino para la ofensiva opositora en el Congreso. La acusación constitucional contra Rabat cuenta con un respaldo ciudadano del 68% entre quienes conocen el caso, mientras que un 72% considera que el secretario de Estado debe ser destituido.
El juicio político contra el titular de Justicia supera con holgura los niveles de apoyo que suscitaron libelos acusatorios emblemáticos en administraciones anteriores, evidenciando que el conflicto escaló más allá de una disputa parlamentaria y se instaló en el sentido común como una falta grave de gestión.
En el frente de la movilización social, el Ejecutivo tampoco ha logrado imponer su narrativa de orden frente al paro del transporte de carga. Con un conocimiento público casi unánime que alcanza el 97%, la protesta gremial no es percibida como una amenaza o un acto desestabilizador, sino como una causa que concita amplia empatía ciudadana.
El 80% de la población respalda la paralización de los camioneros y casi nueve de cada diez personas catalogan sus exigencias como «muy o algo justificadas». La paradoja política para La Moneda es que este amparo social al gremio no distingue banderas: concita el 90% de apoyo en la izquierda, el 86% en el centro y un 72% en las bases de la derecha, dejando al Gobierno en una posición de aislamiento frente al pulso de la calle.
Detrás de la severa evaluación política subyace una marcada descomposición de las expectativas económicas de la ciudadanía. La sensación de que el país y los presupuestos familiares entrarán en una fase de mayor deterioro se disparó en las últimas semanas.
Un 60% de los encuestados prevé un empeoramiento de la economía general a seis meses plazo, tendencia que se replica en el temor a perder el empleo o la dificultad para encontrar trabajo, donde el pesimismo trepó al 53%.
La conjugación de una economía percibida en retroceso, una crisis de probidad penitenciaria que desfondó al Ministerio de Justicia y un conflicto logístico respaldado por la opinión pública sitúan a la administración de Kast en su encrucijada más severa, con un margen de maniobra cada vez más estrecho para recomponer el rumbo político.
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