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La protección de los datos personales de los chilenos tendrá que esperar más de diez meses para comenzar a regir, luego de que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara postergar hasta el 15 de octubre de 2027 la entrada en vigencia de la Ley 21.719.
La iniciativa del Ejecutivo recibió respaldo unánime en general y modifica la fecha original del 1 de diciembre de 2026, debido a que todavía no está instalada la Agencia de Protección de Datos Personales, organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de la normativa.
Durante la presentación del proyecto, el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, expuso los resultados de una consulta a 127 organizaciones obligadas a cumplir la legislación, de las cuales el 72% reconoció que no estaba preparado para su aplicación.
Asimismo, el 45,7% manifestó que no había implementado ninguna de las medidas de cumplimiento evaluadas.
La autoridad advirtió que la instalación de la agencia permanece pendiente por las dificultades para designar a su Consejo Directivo, luego de que una propuesta del Ejecutivo fuera retirada y otra rechazada por el Senado.
REPAROS POR LOS BENEFICIOS A GRANDES EMPRESAS
Aunque la propuesta consiguió respaldo transversal, durante la discusión surgieron cuestionamientos por una nueva postergación de una ley publicada en 2024 y por sus efectos en los derechos de las personas.
Uno de los reparos apuntó a que los principales beneficiados serían los bancos y las grandes empresas que administran información personal y sensible de millones de usuarios.
La comisión igualmente rechazó una indicación que pretendía establecer que, durante los primeros doce meses de aplicación de la normativa, todas las empresas recibieran únicamente amonestaciones escritas por incumplimientos.
La propuesta obtuvo cuatro votos a favor y tres en contra.
El presidente de la instancia, Jaime Mulet, planteó que esa medida debía beneficiar exclusivamente a las pequeñas y medianas empresas, considerando sus mayores dificultades para adecuarse a las nuevas exigencias.
El parlamentario igualmente cuestionó que el Gobierno solicitara más tiempo para implementar una legislación cuya institucionalidad todavía no está operativa.
QUÉ CAMBIA PARA LOS USUARIOS
La Ley 21.719 establece nuevas obligaciones para las instituciones y empresas que recopilan, almacenan y utilizan datos personales, además de fortalecer los derechos de las personas sobre su información.
Entre sus disposiciones contempla mecanismos para solicitar antecedentes sobre el tratamiento de datos, corregir información incorrecta y requerir su eliminación o bloqueo en los casos establecidos por la legislación.
La normativa igualmente incorpora mayores exigencias para el manejo de antecedentes sensibles y crea una agencia especializada con facultades de fiscalización y sanción.
Antes de la votación, la comisión escuchó al presidente de la Asociación Gremial de Profesionales en Protección de Datos, Marcelo Drago, expresidente del Consejo para la Transparencia y quien participó en el trabajo de implementación de la ley.
Tras su aprobación en la Comisión de Constitución, el proyecto fue remitido a la Comisión de Hacienda para continuar su tramitación parlamentaria.
La postergación todavía debe completar su recorrido legislativo, por lo que la fecha vigente de entrada en aplicación continúa siendo el 1 de diciembre de 2026.
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