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La inteligencia artificial podría enfrentar nuevas restricciones en Chile, con prohibiciones para determinadas aplicaciones, mayores exigencias en ámbitos sensibles y multas que alcanzarían las 20.000 UTM, de prosperar el proyecto que acaba de avanzar en el Senado.
La Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación aprobó por unanimidad la idea de legislar sobre la iniciativa que regula los sistemas de inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, por lo que quedó en condiciones de ser discutida por la Sala de la Cámara Alta.
El avance se produjo sin que el Ejecutivo ingresara la indicación sustitutiva que había anunciado para modificar el contenido de la propuesta original, presentada en 2023 y que actualmente cumple su segundo trámite constitucional.
La discusión enfrenta dos visiones sobre cómo establecer límites a estas herramientas, que ya tienen aplicaciones en ámbitos como la educación, la salud, el trabajo y la seguridad pública, pues mientras el texto parlamentario adopta un modelo basado en los riesgos de cada sistema, el Gobierno plantea exigencias más flexibles, de acuerdo con el entorno en que se utilizan y sus posibles consecuencias.
PROHIBICIONES Y MULTAS
La moción parlamentaria recoge elementos de la legislación de la Unión Europea, que clasifica los sistemas en cuatro niveles: riesgo inaceptable, alto, limitado y sin riesgo evidente.
A partir de esa clasificación, establece prohibiciones para determinadas aplicaciones que puedan vulnerar derechos fundamentales, como los sistemas de puntuación social, la manipulación del comportamiento que provoque daños y el reconocimiento biométrico remoto en tiempo real en espacios públicos, salvo excepciones específicas.
Las exigencias son mayores para las herramientas utilizadas en ámbitos sensibles como la educación, el empleo, la salud y el orden público, donde una decisión automatizada podría afectar directamente a las personas.
El proyecto contempla una institucionalidad encargada de fiscalizar su cumplimiento, auditar sistemas de alto riesgo y aplicar sanciones que podrían llegar a las 20.000 UTM, dependiendo de la gravedad de las infracciones.
Las disposiciones alcanzarían a proveedores, desarrolladores, importadores, distribuidores e implementadores, tanto nacionales como extranjeros domiciliados en Chile.
GOBIERNO PREPARA CAMBIOS
La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, ha encabezado la elaboración de una indicación del Ejecutivo que pretende modificar el enfoque del proyecto.
La alternativa gubernamental apunta a dejar atrás una clasificación rígida y avanzar hacia estándares técnicos actualizables, considerando el contexto de aplicación y el impacto efectivo de cada sistema.
Entre los cambios anunciados figuran mecanismos voluntarios de certificación y auditoría, junto con la eliminación de sanciones específicas por infracciones relacionadas con inteligencia artificial, privilegiando la aplicación de leyes vigentes sobre protección de datos personales, ciberseguridad, consumo y propiedad intelectual.
La autoridad ha advertido en sesiones anteriores que exigencias excesivas podrían convertirse en una barrera para la innovación, especialmente en un país que todavía enfrenta brechas en infraestructura tecnológica, capacidad de cómputo y desarrollo de modelos avanzados.
Tras la votación, los integrantes de la comisión establecieron preliminarmente el 4 de diciembre como fecha límite para presentar indicaciones, plazo en que se espera que el Gobierno ingrese su propuesta.
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