Regístrate en nuestro newsletter
La diputada por el distrito 21, Joanna Pérez, y el senador por la circunscripción 10, Gastón Saavedra, expusieron sus gestiones para esclarecer eventuales responsabilidades y plantearon alternativas de compensación, en tanto que la diputada Lilian Betancurt, también del distrito 21, informó que su bancada evalúa un nuevo retiro de ahorros previsionales.
El 5 de octubre de 2026, la Superintendencia de Pensiones publicó el balance correspondiente a septiembre, en el que informó que el fondo E, considerado el más conservador del sistema, acumuló una caída real de 10,39% entre enero y septiembre, y el D retrocedió 6,38% durante el mismo período.
Solo en septiembre, las bajas fueron de 4,92% y 4,19%, respectivamente, de acuerdo con el organismo, que presenta estos resultados descontando el efecto de la inflación.
Según explicó el regulador, el desempeño de ambos fondos estuvo afectado por el aumento de las tasas de interés y la consiguiente disminución del valor de las inversiones en renta fija, tanto en el mercado nacional como en el extranjero.
En su informe, la entidad detalló que los precios de los bonos se mueven en sentido contrario a sus tasas, por lo que un escenario de alzas puede generar pérdidas de valorización, especialmente en instrumentos de mayor duración.
Posteriormente, el 20 de octubre, la Superintendencia anunció el inicio de procedimientos sancionatorios a las siete AFP, tras concluir sus acciones de fiscalización sobre las decisiones de inversión relacionadas con las caídas.
La finalidad es determinar si las administradoras incumplieron sus deberes de lealtad y diligencia, que les exigen resguardar los recursos de los afiliados y cautelar una adecuada rentabilidad y seguridad de las inversiones. La apertura de estos procedimientos no constituye, por sí misma, una sanción definitiva.
En un oficio fechado el 19 de octubre, dirigido al fiscal nacional, Ángel Valencia, Joanna Pérez puso antecedentes en conocimiento del Ministerio Público y pidió esclarecer si las operaciones podrían configurar actos de administración desleal.
La presentación solicita examinar si las decisiones de mantener y aumentar la exposición a determinados instrumentos financieros se ajustaron a las obligaciones de quienes gestionan patrimonio ajeno, considerando las advertencias previas que el escrito menciona.
Al explicar el alcance de su actuación, la parlamentaria sostuvo que corresponde establecer cómo se adoptaron estas determinaciones.
El documento también pide evaluar la designación de un fiscal regional, con asesoría de la unidad especializada en delitos económicos, atendiendo a la magnitud y complejidad de los antecedentes expuestos.
En el mismo escrito, la diputada precisó que una pérdida de inversión no constituye por sí sola un delito y que no busca atribuir responsabilidad penal a una administradora, director o ejecutivo, sino solicitar diligencias que permitan esclarecer los hechos.
Por su parte, Saavedra informó que recurrieron al organismo supervisor y vinculó esa gestión con la revisión del comportamiento de las entidades involucradas.
El senador también mencionó una iniciativa orientada a sancionar lo que calificó como administración temeraria por parte de dueños y directorios de estas sociedades, aunque en su declaración no precisó el estado de tramitación de esa propuesta.
Además de las solicitudes de fiscalización, ambos representantes abordaron alternativas para responder a los efectos económicos de las caídas, sin anunciar mecanismos aprobados ni beneficios actualmente disponibles para los afiliados.
Saavedra explicó que se encuentran evaluando una vía legislativa que esperan llevar a una instancia de discusión en la Cámara Alta.
En tanto, Pérez mencionó una fórmula que buscará poner a consideración del Ejecutivo, aunque no entregó detalles sobre su financiamiento, alcance o requisitos.
Esta alternativa fue planteada en su declaración y no forma parte de las solicitudes contenidas en el oficio al fiscal nacional, centrado en esclarecer eventuales responsabilidades penales.
Con los antecedentes disponibles, las compensaciones mencionadas corresponden a iniciativas en elaboración, por lo que sus condiciones y eventual aplicación dependerán de las propuestas que se formalicen y de su posterior discusión.
Por su parte, la diputada por el distrito 21, Lilian Betancurt, se refirió al impacto sobre quienes se acercan al término de su vida laboral y exigió aclarar lo ocurrido.
La parlamentaria también dio a conocer una alternativa que analiza su bancada, adicional a los mecanismos de compensación mencionados por los otros representantes.
 |
||||
 |
 |
 |
 |
 |
¿Quieres contactarnos? Escríbenos a [email protected]
ContáctanosOpinión
