Los alcaldes y concejales podrían ser incorporados entre las autoridades respecto de las cuales la ley sanciona la conspiración para cometer homicidio calificado, a partir de una moción que comenzó su tramitación en el Senado.
La propuesta tendría aplicación en todo el país y, por ende, alcanzaría a quienes ejercen estos cargos en las 14 comunas de la provincia de Biobío. De aprobarse, ampliaría una disposición que actualmente contempla a integrantes del sistema de justicia y funcionarios de las policías y Gendarmería.
MOCIÓN PARLAMENTARIA
De acuerdo con el texto de la moción revisado por Diario La Tribuna en el sitio web del Senado, la iniciativa fue presentada por los senadores Cristián Vial, Loreto Carvajal, Paulina Núñez, Juan Castro y Karim Bianchi, e ingresó al Congreso Nacional el 8 de septiembre de 2026 bajo el Boletín N.º 18.633-25.
En sus fundamentos, el documento sostiene que las amenazas contra autoridades se han convertido en una preocupación en distintos países de América Latina y advierte que Chile no se encuentra ajeno a este escenario, debido a los casos que durante los últimos años han afectado a jefes comunales.
Los autores argumentan que la Ley N.º 21.571, publicada en 2023 y que introdujo cambios al Código Penal para sancionar los acuerdos destinados a ejecutar asesinatos por premio, promesa remuneratoria o ánimo de lucro, representó un avance en esta materia. Sin embargo, consideran necesario sumar a las autoridades municipales que también podrían convertirse en blancos de redes delictuales.
El texto legislativo consigna que, durante la sesión de la Comisión de Seguridad Pública realizada el 7 de septiembre de 2026, el fiscal nacional informó que 22 alcaldes contaban con medidas de protección y diez fiscales mantenían resguardo permanente. La jornada tuvo lugar en San Bernardo, en medio de los antecedentes sobre un presunto plan de atentado contra el alcalde de esa comuna, Christopher White, revelado por la Fiscalía.
UNA NUEVA FIGURA PARA ALCALDES Y CONCEJALES
Para materializar la iniciativa, los senadores proponen agregar un inciso final al artículo 391 bis del Código Penal que aplique la misma pena prevista para la conspiración dirigida contra jueces con competencia penal, fiscales del Ministerio Público, defensores penales públicos y funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería, en razón del ejercicio de sus funciones.
La Ley N.º 21.571 establece para esos casos una pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, equivalente a un periodo de tres años y un día a diez años, rango que la propuesta busca extender a quienes planifiquen un crimen de estas características contra autoridades municipales.
Aunque las amenazas forman parte de los antecedentes expuestos por los autores, el artículo único revisado no introduce cambios en esa materia.
ALCANCE EN LA PROVINCIA DE BIOBÍO
Por tratarse de un cambio al Código Penal, sus efectos se extenderían a todo Chile. En la provincia de Biobío, la medida abarcaría a 14 alcaldes y a los integrantes de los concejos municipales de Los Ángeles, Alto Biobío, Antuco, Cabrero, Laja, Mulchén, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosendo, Santa Bárbara, Tucapel y Yumbel.
La Ley N.º 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, utilizada como referencia en la iniciativa, establece que el alcalde es la máxima autoridad de cada municipio y tiene a su cargo la dirección, administración superior y supervisión de su funcionamiento.
La misma normativa dispone que los concejos municipales cumplen funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras, además de canalizar la participación de la comunidad local. El proyecto vincula su alcance con quienes desempeñen ambos cargos conforme a estas disposiciones, sin individualizar a las personas que actualmente los ejercen.
PRIMER TRÁMITE EN EL SENADO
De acuerdo con la ficha de tramitación revisada por Diario La Tribuna en el sitio web del Senado, el proyecto se encuentra en primer trámite constitucional en la Cámara Alta. El registro indica que la Sala dio cuenta de la iniciativa el 8 de septiembre de 2026 y la remitió a la Comisión de Seguridad Pública.
En esta etapa, corresponde que dicha instancia analice su contenido. Posteriormente, el proyecto deberá completar su discusión y votación en la Sala del Senado y, si es aprobado, pasará a la Cámara de Diputadas y Diputados para iniciar su segundo trámite constitucional.