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El escenario abrió una nueva discusión sobre las condiciones bajo las cuales deben circular estos vehículos. En ese contexto, las diputadas Catalina Del Real y Macarena Santelices impulsaron un proyecto que busca actualizar la regulación y establecer una categoría específica para los scooters y bicicletas eléctricas de mayor velocidad.
La propuesta crea la figura de "ciclo eléctrico de alta velocidad", destinada a vehículos capaces de superar los 25 kilómetros por hora o los 0,25 kW de potencia.
De acuerdo con los antecedentes de la iniciativa, quienes conduzcan estos vehículos deberán cumplir tres requisitos principales: ser mayores de 18 años, contar con licencia de conducir y disponer de un Seguro Obligatorio de Micromovilidad asociado al número de serie del equipo.
El proyecto también apunta a la comercialización de estos dispositivos. Los importadores y vendedores tendrían que informar de manera visible la potencia y velocidad máxima de cada vehículo, con el objetivo de diferenciar los modelos de mayor capacidad de los ciclos tradicionales.
En el caso de las plataformas de arriendo, la propuesta contempla además limitar mediante software la velocidad máxima a 25 km/h y mantener seguros de responsabilidad civil.
Los datos de la ACHS corresponden específicamente a accidentes de trayecto, es decir, aquellos ocurridos durante el desplazamiento directo entre el hogar y el lugar de trabajo.
El informe registra 501 casos durante los primeros seis meses del año, frente a los 366 del mismo período de 2025. Esto equivale a un promedio de más de dos accidentes diarios relacionados con scooters en este tipo de desplazamientos.
El horario también aparece como un elemento relevante: el 57,9% de los siniestros ocurrió entre las 07:00 y las 11:59 horas. Además, los grupos de 18 a 30 y de 31 a 40 años concentran la mayor proporción de casos, con 40,6% y 39%, respectivamente.
La diputada Catalina Del Real sostuvo que los scooters eléctricos constituyen una alternativa de transporte, pero planteó la necesidad de establecer reglas específicas para aquellos capaces de alcanzar mayores velocidades.
En la misma línea, Macarena Santelices argumentó que el aumento de los accidentes hace necesario establecer condiciones de uso asociadas al nivel de riesgo.
Desde la oposición, el diputado socialista Juan Santana valoró que la propuesta contemple informar sobre la potencia y velocidad de los equipos, pero cuestionó el alcance de las responsabilidades que asumirían las empresas importadoras y comercializadoras.
El debate, por tanto, no solo se concentra en los requisitos para quienes conducen estos vehículos, sino también en las obligaciones que podrían recaer sobre quienes los importan, venden o administran servicios de arriendo.
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