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La propuesta pretende evitar que la falta de documentación sobre la propiedad de un terreno retrase la entrega de soluciones financiadas por el Estado durante los procesos de reconstrucción.
Así lo explicó el seremi de Bienes Nacionales del Biobío, Matías Ruiz Fernández, en entrevista con Radio San Cristóbal, instancia en la que abordó el alcance de la iniciativa y su importancia para una zona expuesta a sucesivas emergencias.
Durante la entrevista, la autoridad dio a conocer antecedentes sobre la fórmula enviada al Poder Legislativo y explicó el contexto en que fue presentada.
El diseño conserva las instancias destinadas a revisar las solicitudes y proteger los eventuales derechos de terceros, pero plantea ajustar la duración de algunas actuaciones obligatorias.
La normativa mencionada regula la posesión de la pequeña propiedad raíz y la constitución del dominio. El propósito del cambio es compatibilizar esta gestión con la urgencia propia de una respuesta habitacional.
De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Bienes Nacionales, podrían acogerse las personas damnificadas que residan en sectores declarados bajo Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe y cumplan las demás exigencias legales. El procedimiento sería gratuito para sus beneficiarios.
Según detalló la repartición, el Estado asumiría el costo de las publicaciones en el Diario Oficial, los certificados y las inscripciones efectuadas ante los conservadores de Bienes Raíces, junto con otras actuaciones necesarias para completar el expediente.
El seremi describió el momento en que este obstáculo suele quedar al descubierto para quienes sufrieron daños o perdieron sus hogares.
Ruiz Fernández también diferenció el alcance de los aportes provisionales de aquellos recursos destinados a financiar una respuesta habitacional definitiva.
Al trasladar el análisis al ámbito regional, el representante de la cartera planteó que el tema adquiere especial importancia por la frecuencia con que las instituciones deben implementar medidas de recuperación.
Para respaldar ese diagnóstico, Ruiz Fernández repasó algunos de los episodios que han marcado al territorio durante los últimos años.
La iniciativa ingresó al Congreso el 15 de julio de 2026 mediante un mensaje del Ejecutivo y está identificada con el boletín N.º 18.464-14.
Según la ficha oficial de la Cámara de Diputadas y Diputados, el texto fue revisado por las comisiones de Vivienda y de Hacienda durante su primer trámite constitucional.
El 2 de septiembre se emitió el oficio de ley a la Cámara Revisora, por lo que la propuesta pasó al Senado y comenzó su segundo trámite.
Su contenido todavía puede recibir modificaciones durante la discusión parlamentaria. Por esta razón, la disminución de los tiempos y la gratuidad anunciada aún no están vigentes.
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