Insultar u ofender gravemente a un funcionario policial o de Gendarmería mientras cumple sus funciones podría constituir un delito específico, de acuerdo con el proyecto contenido en el boletín 17.662, que avanzó en su tramitación legislativa.
La iniciativa fue revisada por la Comisión de Seguridad Ciudadana y su discusión en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados continuará este martes 1 de septiembre.
El proyecto se originó en una moción de la diputada Ximena Ossandón, suscrita también por Eduardo Durán, Mauro González y Diego Schalper, además de otros exlegisladores del periodo anterior.
RESPALDO A UNA MAYOR PROTECCIÓN
Los parlamentarios que respaldan la propuesta sostienen que Carabineros, la PDI y Gendarmería requieren herramientas para proteger a sus funcionarios frente a insultos, amenazas, intimidaciones y agresiones verbales durante sus labores.
Entre los argumentos planteados se encuentra la necesidad de resguardar la dignidad de quienes ejercen funciones vinculadas con la seguridad pública.
"Recuperar la seguridad implica recuperar el respeto por nuestra autoridad", sostuvo una legisladora durante la discusión.
También se valoró que las conductas contempladas tengan una sanción penal y no únicamente una multa, estableciendo una respuesta más severa frente a determinadas ofensas.
Quienes respaldan el proyecto, en todo caso, señalaron que proteger la labor de las instituciones policiales y de Gendarmería no significa validar eventuales abusos cometidos por sus funcionarios.
CUESTIONAN EL CONCEPTO DE "OFENSA GRAVE"
Los parlamentarios que se oponen a la iniciativa señalaron que comparten la necesidad de proteger a las policías, pero recordaron que el ordenamiento penal ya contempla normas destinadas a resguardar a sus funcionarios.
El principal reparo apunta a la expresión "ofender gravemente", debido a que, según sus detractores, el proyecto no establece criterios suficientemente claros para determinar qué conductas quedarían comprendidas.
La falta de una definición precisa, advirtieron, podría dejar un margen excesivo de interpretación al momento de establecer si una expresión constituye delito.
También cuestionaron que la aplicación de la figura pueda derivar en una detención inmediata cuando exista flagrancia, quedando para una etapa posterior la revisión de los hechos por parte de un tribunal.
Desde este sector calificaron la propuesta como desproporcionada, arbitraria y subjetiva, además de advertir que podría terminar afectando el ejercicio de la crítica hacia la autoridad.
La discusión continuará este martes en la Cámara, donde se deberá avanzar en la definición de los alcances de la nueva figura penal y las condiciones bajo las cuales podría aplicarse.
