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Con esto, el texto queda en condiciones de ser promulgado, luego de que la Sala ratificara las modificaciones introducidas previamente por el Senado.
La normativa apunta a introducir ajustes en el funcionamiento del fútbol profesional chileno, con énfasis en materias de control, transparencia y organización institucional, en un escenario donde se buscó actualizar el marco legal vigente.
De acuerdo a lo indicado por prensa de la Cámara, entre las principales disposiciones la normativa fortalece las atribuciones de la Comisión para el Mercado Financiero en la supervisión de las sociedades anónimas deportivas, incorporando mayores exigencias en materia de control y transparencia. Asimismo, introduce el concepto de integridad deportiva como eje rector en la actividad.
Otro de los puntos relevantes es la separación entre la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) y las sociedades anónimas que conforman el fútbol profesional agrupado en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), estableciendo una diferenciación en sus funciones y ámbitos de acción.
A esto se suma la regulación de los representantes de jugadores, quienes no podrán participar en la propiedad ni en la administración de los clubes.
La ley también establece un plazo de 18 meses desde su publicación para que las instituciones adecuen sus estatutos a las nuevas disposiciones, en línea con los estándares definidos en la normativa.
Durante la discusión en la Cámara, se manifestó un amplio acuerdo en torno a la necesidad de ordenar el funcionamiento del fútbol profesional y avanzar en mayores niveles de transparencia, especialmente en lo referido a eventuales conflictos de interés.
No obstante, en el debate también surgieron reparos respecto de algunos aspectos del proyecto, entre ellos, la autonomía de las organizaciones deportivas, las atribuciones de la Comisión Técnica en relación con las selecciones nacionales, el funcionamiento del nuevo Comité de Arbitraje y el rol del Instituto Nacional del Deporte en la supervisión del sistema.
La iniciativa fue informada en Sala por la diputada Marisela Santibáñez, en una sesión donde también intervinieron otros parlamentarios, quienes expusieron sus posturas en torno al alcance y efectos de la nueva regulación.
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