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La iniciativa, contenida en el boletín 13105, obtuvo 85 votos a favor, 33 en contra y 20 abstenciones, y ahora deberá volver a la comisión técnica respectiva para la revisión de nuevas indicaciones.
El proyecto, impulsado originalmente como moción por la diputada Joanna Pérez, también fue suscrito por los exdiputados Catalina Pérez, Jaime Mulet y otros legisladores. La parlamentaria Pérez, además, fue la encargada de rendir el informe ante la Sala en su calidad de integrante de la Comisión de Gobierno Interior.
La propuesta contempla una modificación a la Ley 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, mediante un artículo único. Según el texto, el ciudadano que no emita su sufragio "será penado con multa a beneficio municipal de media a tres unidades tributarias mensuales", lo que equivale actualmente a un rango de entre $34.461 y $206.769.
No obstante, se establecen excepciones específicas a la sanción. Entre ellas, se consideran motivos de salud, embarazo, parto o puerperio, así como la permanencia fuera del país o a más de 200 kilómetros del lugar de votación. También se admitirán otras razones graves, siempre que puedan ser acreditadas ante un juez, quien evaluará los antecedentes conforme a las reglas de la sana crítica.
El retorno del proyecto a la Comisión de Gobierno Interior se da en el contexto de las indicaciones presentadas durante el debate parlamentario. Tras su análisis en dicha instancia, deberá ser nuevamente votado por la Sala para su eventual despacho al Senado.
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