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La Tribuna

Marcel informa que más de 6 mil funcionarios de la administración central están bajo revisión por uso indebido de licencias médicas

por María Paz Rivera Arévalo

Mario Marcel / Contexto

En el marco de las investigaciones derivadas del informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el uso irregular de licencias médicas, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregó un detallado balance sobre la cantidad de funcionarios de la administración central involucrados, así como los procesos sumarios iniciados por las instituciones públicas.

Cabe recordar que el organismo contralor detectó más de 25 mil funcionarios públicos que habrían salido del país mientras se encontraban con licencia médica, situación que generó una ola de cuestionamientos y medidas correctivas por parte del Gobierno.

Según precisó el ministro Marcel, el informe de la Contraloría constató un total de 36 mil licencias médicas observadas, correspondientes a unos 25 mil funcionarios, dado que una misma persona puede haber registrado más de un permiso en estas condiciones.

Del total, un tercio corresponde a funcionarios de la administración central del Estado, mientras que el 60% restante involucra a personal de municipalidades y otra fracción menor a universidades y empresas públicas.

En lo que respecta exclusivamente a la administración central, los casos observados ascienden a 12.503 licencias, que involucran a 8.000 funcionarios públicos. De estos, 6.592 ya se encuentran bajo sumario administrativo, proceso que contempla la designación de un fiscal y el cumplimiento de un procedimiento regulado por ley.

El titular de Hacienda destacó que 131 instituciones del aparato estatal ya han iniciado procesos sumariales, mientras que otros casos no han podido avanzar por diversas razones.

"Hay 1.102 funcionarios que ya no pertenecen a la administración pública, y otros 272 que ya estaban siendo investigados por esta u otras causales, lo que explica la diferencia entre los reportados y los sumariados", indicó.

Asimismo, se reveló que el 90% de los funcionarios involucrados ingresaron al Estado antes de 2022, mientras que solo uno de cada diez inició funciones desde ese año en adelante.

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