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La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, entregó este jueves una cifra reveladora sobre el uso indebido de licencias médicas: más de 350 millones de dólares es lo que le costó al Estado chileno en 2024 cubrir suplencias y reemplazos debido al uso irregular de licencias médicas.
En términos prácticos, esto equivale a más de 8 millones de días de trabajo perdidos en un año, una cifra alarmante.
Para enfrentar esta situación, el gobierno anunció la creación del Comité Nacional de Ausentismo, una nueva instancia que coordinará medidas concretas para frenar el problema.
Este comité contará con equipos locales en cada subsecretaría y servicio público, los cuales deberán levantar diagnósticos, generar información desagregada y aplicar medidas adaptadas a la realidad de cada institución.
Además, el Ministerio de Hacienda ya tomó cartas en el asunto y ordenó a todos los servicios públicos iniciar sumarios administrativos en un plazo máximo de 72 horas para investigar a los funcionarios que habrían usado licencias de forma fraudulenta. La idea es no solo establecer sanciones, sino también recuperar documentos mal utilizados.
El plan contempla además la creación de índices específicos de ausentismo, más espacios de capacitación y participación, y una revisión completa del sistema de control de licencias médicas en el aparato estatal.
El caso ha abierto un debate más amplio sobre la ética en el uso de beneficios laborales y la necesidad de modernizar los mecanismos de control en el sector público, sin dejar de lado que también hay muchas licencias médicas que son legítimas y necesarias, especialmente en contextos postpandemia.
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