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Las elecciones presidenciales y parlamentarias de fines de año podrían reflejar un efecto inevitable y retardado del peak migratorio registrado entre 2017 y 2020.
Debido a la singularidad de la Constitución y la legislación chilena, que otorgan el derecho a sufragio a todo extranjero con cinco años de ‘avecindamiento’ en el país, el Servicio Electoral (Servel) deberá incorporar automáticamente al registro de votantes a los migrantes con residencia definitiva o temporal antes del 16 de noviembre de 2020.
Se trata del artículo 174 de la ley 21.325 (nueva ley de Migración y Extranjería) que establece que para efectos de ejercer el derecho de sufragio el avecindamiento se contabilizará desde que el extranjero obtiene un permiso de residencia temporal.
Por esta razón, es casi un hecho que en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025 el número de electores de otra nacionalidad duplicará al de 2021, cuando el presidente Gabriel Boric se impuso al líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.
En ese año, 449 mil migrantes estaban habilitados para votar bajo un modelo de sufragio voluntario. Sin embargo, en las últimas elecciones regionales y municipales ya se evidenció un incremento. El padrón alcanzó los 786 mil electores extranjeros.
Dado el carácter explosivo del fenómeno migratorio, se proyecta que este año la cifra se acerque al millón de electores foráneos.
Como referencia, entre el segundo semestre de 2019 y el primer semestre de 2020 se otorgaron 105.881 residencias definitivas, según las "Estadísticas generales del Servicio Nacional de Migraciones". Además, se concedieron 269.199 residencias temporales en el mismo período.
Esta cantidad de beneficiarios corresponde aproximadamente al nuevo grupo de extranjeros que se sumaría al padrón al cumplir los cinco años de residencia.
Sin embargo, el número exacto debe ser proporcionado por el Servicio Nacional de Migraciones, considerando a quienes obtuvieron su residencia entre octubre de 2019 y noviembre de 2020.
No obstante, los migrantes deben cumplir ciertos requisitos: no haber salido del país por más de dos años, ser mayor de edad (entre 2019 y 2020, un 13% era menor de 18 años) y no estar acusados penalmente bajo ninguna causa.
En los comicios de 2024, la mayor comunidad electoral era la peruana, con 191 mil electores, seguida por la venezolana, con 174 mil. En el nuevo padrón, este orden podría invertirse, ya que los venezolanos alcanzaron un peak de solicitudes de residencia en 2019 (cerca de 160 mil), mientras que las peticiones de los peruanos han disminuido desde 2017.
Hasta julio de 2024, el voto de los extranjeros no había sido un tema que polarizara al Congreso por sus efectos electorales.
Sin embargo, la semana pasada, la derecha —que históricamente ha sido contraria a la migración—manifestó su rechazo a las indicaciones del Ejecutivo que buscaban restringir el sufragio de ciudadanos extranjeros dentro de la reforma que impone una multa a quienes no voten.
La izquierda, por su parte, que tradicionalmente ha defendido las fronteras abiertas, valoró la jugada del gobierno, que en el fondo buscaba mitigar las consecuencias de la sanción monetaria para reforzar el voto obligatorio.
El cambio de posiciones responde a la proyección electoral que tendrá la conjunción de la multa y el voto migrante, especialmente considerando el comportamiento de la masiva comunidad venezolana, que suele ser crítica de la izquierda.
El problema radica en que, debido al equilibrio de fuerzas en el Congreso, este choque de intereses se traduce en un empate. Aunque la derecha logre aunar fuerzas en el Senado y la Cámara para avanzar con la multa al elector que no vote, el gobierno dispone de herramientas constitucionales para bloquear la iniciativa.
Por otro lado, si La Moneda y el oficialismo intentaran imponer un proyecto para restringir el sufragio de los inmigrantes no nacionalizados, la oposición cuenta con al menos la mayoría en el Senado.
Curiosamente, este debate estalló recién en julio del año pasado tras una alerta del ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), primero ante el comité político y luego durante la tramitación de la reforma electoral miscelánea, que permitía realizar las municipales y regionales en dos días y establecía una multa transitoria solo para esos comicios.
Hasta entonces, el voto de los extranjeros no había sido tema.
No lo fue cuando los ideólogos de la Constitución de 1980 lo establecieron como un gesto hacia los inmigrantes europeos que, aunque reacios a renunciar a su nacionalidad de origen, habían contribuido al desarrollo nacional.
Tampoco fue un tema controvertido en los dos fallidos procesos constituyentes, a pesar de que muchos politólogos y juristas reconocían que las facilidades que ofrece Chile a los migrantes para votar son una rareza. El sistema electoral chileno los incorpora automáticamente al padrón, sin necesidad de su consentimiento.
Hasta mediados de 2024, tampoco existía el análisis electoral que hoy enfrenta a la política.
Incluso, en mayo de 2024, senadores de la UDI presentaron una reforma para restringir el derecho a sufragio de los extranjeros.
En contraste, durante la tramitación de la última reforma a la Ley de Extranjería en 2020, diputados del PC, PS, DC y el Frente Amplio, entre ellos Gabriel Boric, recurrieron al Tribunal Constitucional (TC) al considerar que un artículo restringía el voto de los inmigrantes.
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