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Junto a él, el ex jefe de Fuerzas Especiales, Capitán Juan Fuentes Fuentealba, fue sentenciado a 300 días de presidio menor en su grado mínimo por el mismo delito.
La lectura de la sentencia tuvo lugar a las 16:15 horas del martes, a cargo del juez Pablo Freire Gavilán.
El Tribunal determinó que, al cumplir con los requisitos establecidos por la Ley 18.216, las penas de ambos imputados fueron sustituidas por la remisión condicional del procedimiento, evitando así su ingreso a prisión efectiva.
La investigación, liderada por la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía Regional de Aysén y coordinada por el fiscal jefe Luis González Aracena, logró acreditar que ambos oficiales ocultaron evidencia clave: un video que exculpaba a un estudiante acusado de agredir a un funcionario de Carabineros durante una protesta en Avenida Ogana, Coyhaique, en noviembre de 2019.
El funcionario resultó con lesiones graves en el rostro y la dentadura, y el estudiante fue inicialmente formalizado por maltrato de obra a carabineros con resultado de lesiones graves, quedando en prisión preventiva.
Durante el juicio, se demostró que los oficiales Capetillo y Fuentes fueron informados sobre la existencia de un video que demostraba la inocencia del estudiante. Sin embargo, ambos ordenaron la exclusión de este material de los informes presentados al Ministerio Público, lo que llevó a la formalización y detención injustificada del joven.
Además, en sus declaraciones oficiales durante la investigación, omitieron cualquier referencia al video exculpatorio.
El fiscal Luis González Aracena destacó la gravedad del hecho, señalando que "vulnera el deber de las policías de indagar y aportar información veraz a la Fiscalía, tanto para determinar la participación de una persona en un hecho punible como para establecer su inocencia."
"La corrupción pública, al ocultar información, vulnera los principios del Estado de Derecho en una sociedad democrática", complementó.
El juicio contó con la participación de querellantes como el Consejo de Defensa del Estado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el propio estudiante afectado, además del fiscal adjunto Jaime Rojas Gatica.
Este caso se enmarca en el contexto de la crisis social que vivió Chile en 2019, cuando se registraron numerosas protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales a lo largo del país.
La condena de estos oficiales sienta un precedente en la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad en situaciones de abuso de poder y manipulación de evidencia.
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