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Este lunes, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, confirmó la determinación del gobierno del presidente Gabriel Boric de revocar las pensiones de gracia de 25 personas que fueron víctimas del Estallido Social en 2019.
Recordemos que actualmente, existen alrededor de 18 mil personas en el país que reciben una pensión de gracia del Estado, de las cuales 418 corresponden a personas afectadas durante las manifestaciones de octubre de 2019. Motivo por el cual, el jefe de Estado pidió revisar uno a uno cada caso para evaluar si corresponde o no esta asignación.
"En primer lugar, respecto a quienes tengan antecedentes penales, pero respecto a los otros casos se va a realizar una revisión para verificar que se cumple con los requisitos para obtener un beneficio de esta naturaleza", agregó. Asimismo, Elizalde señaló que se continúan analizando los antecedentes, y la cifra de revocaciones podría aumentar.
En este contexto, el secretario de Estado apuntó que en el Gobierno del expresidente Sebastián Piñera (2018-2022), "el total de pensiones de gracia otorgadas -en el marco de esta glosa presupuestaria que se aprobaron, para el presupuesto del año 2021 y 2022-, el 14,19% tenía antecedentes penales".
Mientras que en la actual administración del Presidente Gabriel Boric precisó que fue fue del 17,78%, "por tanto, estamos hablando de porcentajes relativamente similares", declaró Elizalde.
En concreto, bajo la administración de Gabriel Boric se han autorizado 270, mientras que en la de Sebastián Piñera fueron 148.
Respecto de los cuestionamientos que se han generado en los últimos días sobre las pensiones de gracia, la ministra del Interior, Carolina Tohá en entrevista con "Mesa Central", calificó el proceso de "mal concebido", ya que "se formularon para entregar una reparación a las personas que sufrieron graves daños durante el estallido y que esto termine en la discusión que estamos hoy día es porque ese proceso tuvo falencias".
Asimismo, la secretaria de Estado enfatizó que si bien "el Presidente tiene que hacer la última revisión, ya hay un número de 25 pensiones de gracia que se van a dejar sin efecto, y otros casos más que todavía tienen que revisarse".
Además, aclaró que "No tiene que ver con que la persona es un buen ciudadano, tiene que ver con que está acreditado un daño causado por el Estado que es grave, irreversible y que tiene consecuencias severas en su vida".
La medida del Gobierno de revocar 25 pensiones de gracia se dio debido a la detección de irregularidades en el proceso, según informe de la Contraloría. El informe señala problemas en la asignación, acreditación y variación de montos en los beneficiarios de estas pensiones.
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